Tras conocerse los puntos que incluye la reforma de la ley mordaza, una veintena de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales y autonómicas salieron a la calle en noviembre de 2021 para protestar por unos cambios que, según apuntan, buscan "criminalizar" a los agentes. Con el debate otra vez en el Congreso, las fuerzas y cuerpos de seguridad amenazan con movilizarse de nuevo si la medida sigue adelante y se aprueba de forma definitiva. Entre los sindicatos que se movilizaron en Lugo están la Unión Federal de Policía (UFP) o Jupol. El representante provincial de este último, Daniel Sinde, afirma que la nueva ley está hecha "a medida de los delincuentes".
Según explica, la reforma que prepara el Gobierno pretende acabar con el principio de autoridad en las actuaciones policiales, "lo que supondrá, inevitablemente, un aumento de la inseguridad ciudadana, puesto que los agentes no tendremos el suficiente respaldo del Estado a la hora de intervenir en actuaciones delicadas o complejas. ¿Qué policía se va a jugar su vida o su integridad física en una actuación en la que tenga que hacer uso de la fuerza o de la coerción de la voluntad de algún ciudadano si va a carecer del principio de autoridad que ha de regir en su actuación? Está claro que ese policía se lo va a pensar dos veces antes de arriesgarse y, en alguna ocasión le saldrá a cuenta mirar hacia otro lado", afirma.
"Las manifestaciones sin necesidad de autorización provocarían el caos. La Policía no podría controlar la situación", dice el secretario del sindicato policial Jupol en Lugo
Otro de los aspectos que critican las fuerzas y cuerpos de seguridad es la eliminación de la presunción de veracidad de los atestados policiales. "De este modo, tendrá el mismo valor la palabra del delincuente que la del policía ante los tribunales de Justicia. Así, cuando un funcionario policial detenga a un delincuente utilizando la fuerza porque éste se ha resistido, verá como su testimonio ante el juez tiene la misma veracidad que la de aquel. Si no existen otras pruebas que avalen su actuación, será la palabra de uno contra la del otro, y si el malhechor tiene facilidad de palabra o es simpático, puede incluso que el policía sea el condenado", lamenta.
Con la reforma de la ley mordaza también se elimina la prohibición de grabar a los agentes en el ejercicio de sus funciones y difundir imágenes sin su consentimiento, "atentando gravemente contra su derecho a la intimidad y su derecho a preservar la imagen y la identidad como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además", comenta Sinde, "esta situación se produce en el momento en el que más atentados contra los agentes de la autoridad se comente en nuestro país, donde se producen unas 20 agresiones diarias a policías".
"Solo van a pagar las multas las personas con poder adquisitivo. ¿Ocurrirá lo mismo con las infracciones de tráfico?", se pregunta Sinde
Jupol considera además que el hecho de que la manifestaciones no tengan que ser convocadas o autorizadas con anterioridad "es otra medida que va a contribuir a provocar el caos y el desorden en nuestra sociedad. Cualquiera podrá convocar una manifestación multitudinaria que podrá volverse violenta y provocar disturbios o agresiones, sin que la Policía esté preparada para controlar la situación".
Por otra parte, si finalmente se aprueba la reforma, la cuantía de las multas administrativas irá en proporción a la capacidad económica del infractor, "con lo que nos volvemos a encontrar con la impunidad económica de los delincuentes que carezcan de ingresos. ¿Quién pagará entonces las multas, solo las personas con suficiente poder adquisitivo?, ¿dónde va a estar el límite de ingresos?, ¿ocurrirá lo mismo con las infracciones de tráfico?", se pregunta. Los agentes lucenses se sumarán a las movilizaciones si la reforma sigue adelante.
