Las cuentas del Concello: así contiene el gasto y genera ingresos en un año crítico

Eliminó contratos que ve prescindibles, ahorra en gastos protocolarios, paga menos horas extras y sustituciones de personal y tiene en marcha campañas para controlar infracciones y recaudar más, así como un plan de inspección fiscal
O Vello Cárcere. AEP
photo_camera El edificio de O Vello Cárcere dejará de tener contrato de seguridad en junio. AEP

El Concello de Lugo es solvente y presume del bajo periodo medio de pago, pero junto a esa realidad hay otra: incumple el principio de estabilidad presupuestaria, ya que lleva años aumentando el gasto mucho más que los ingresos (en 2023 el primero subió un 6,2% y los segundos, un 0,72%), está pendiente de firmar un crédito (le costará no menos de 400.000 euros al año) para afrontar la práctica totalidad de las inversiones previstas para 2024 y por momentos tiene tensiones de tesorería.

Esta situación ha llevado al gobierno a poner en marcha un plan de contención del gasto y de generación de ingresos, especialmente desde la llegada de Paula Alvarellos a la alcaldía, aunque ya antes había adoptado alguna medida. En 2023  puso en marcha un plan de inspección fiscal que el servicio de Intervención llevaba años reclamando y del que aún no hay datos. Otras medidas conducentes a "estabilizar" la economía municipal son las siguientes:

Reducción del gasto protocolario superfluo

Se busca que los eventos organizados por el Concello sean más austeros, como se vio ya en alguno, como la entrega de los premios Entre Mulleres. "Se optó por eliminar gasto superfluo sin reducir ni comprometer la solemnidad de los eventos", explica el gobierno. 

Las partidas asignadas en los presupuestos a gastos protocolarios y de alcaldía solían ser criticados por la oposición y en ocasiones recibían reparos de Intervención  por defectos en la tramitación.

La consigna general ahora es evitar gastos que no estén presupuestados y que no sean estrictamente necesarios. "Gástase con moita menos alegría, nótase por nos contratos menores [que exigen menos transparencia y tramitación]", explican funcionarios. Asimismo, se están afrontando y negociando pagos pendientes, alguno muy relevante, como una factura de 1,5 millones a Urbaser (la antigua concesionaria del servicio de limpieza) sobre la que inicialmente había dudas. Se abonó el 59% y se aplazó el resto. 

Supresión de contratos y licitaciones más amplias

El gobierno busca una "mayor eficiencia del gasto" con la supresión de algunos contratos que considera que son prescindibles y con licitaciones más amplias de otros. El contrato de atención al centro de nuevas tecnologías (en la parte posterior del consistorio) se terminó y no se renovó, de forma que se redujo el tiempo de apertura de unas instalaciones que en realidad tenían muy poco uso y que ahora atienden los conserjes municipales. También se decidió prescindir del contrato de seguridad de O Vello Cárcere, a punto de terminar, una decisión cuestionada por el PP.

El gobierno también pretende hacer contratos más globales para lograr ahorro y a la par reducir la tramitación administrativa, como uno de seguridad para todas las instalaciones municipales. Aunque de momento no ha logrado sacarlo adelante y para las oficinas de la Praza Maior y el antiguo Seminario se están haciendo contratos menores periódicamente. Otro objetivo es ir incluyendo los nuevos espacios municipales en los contratos de mantenimiento ya en vigor y para los que ahora hay varios contratos específicos, como sucede con las caldas del parque del Miño.

Más control de horas extras y menos cobertura de personal

A finales de enero se aprobó una instrucción para pagar las horas extras de los funcionarios por tramos de una hora o de media hora. Antes se abonaban también por la totalidad de los minutos excedidos. En este momento, el Concello debe al personal servicios desde junio del año pasado, así como cantidades por otros conceptos, pero parece estar más relacionado con falta de tramitación que de dinero porque hay plazas vacantes de las que se puede detraer. De hecho, se están haciendo transferencias para otros gastos, entre ellos, de energía eléctrica. También se se examina más la necesidad de cubrir ausencias de trabajadores.

Más recaudación por terrazas, tráfico, mercados e inspección 

El gobierno trata de buscar ingresos por varias vías, desde la mencionada inspección fiscal a una mayor vigilancia y persecución de infracciones de tráfico o de conductas incívicas que son sancionables. También ha decidido regularizar las terrazas de hostelería y se multa a quien no cumple. Asimismo, se ha puesto orden en el mercadillo de Frigsa para que acudan solo comerciantes con autorización y que estén al día en el pago de las tasas municipales.

Sin afectar a servicios básicos, pero sí a otras prestaciones

El gobierno sostiene que este plan de contención del gasto se lleva a cabo con la premisa de seguir prestando los servicios municipales bajo los máximos estándares de calidad y de finalizar los proyectos que están en marcha o comprometidos. Sin embargo, se verán afectadas inevitablemente inversiones que estaban previstas, como el párking disuasorio de detrás de la capilla de O Carme o las aportaciones al fondo de capital riesgo Lugo Transforma, para las que se dará un año más de plazo, según se acaba de aprobar. Aunque uno de los mayores retos del gobierno de Alvarellos será, probablemente, reenfocar proyectos cuya rentabilidad social y económica está en duda, como las caldas o el coliving de artistas de O Carme. Con esta situación, la reciente sentencia del TSXG -difícilmente recurrible- que libra al Concello de pagar 15,4 millones al promotor de O Garañón ha sido un verdadero alivio, ya que de lo contrario la administración sí estaría en serios problemas.