Cuando todavía no está resuelta la querella que CSIF puso a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, hace dos años y medio por el retraso en la ejecución de una sentencia contra una funcionaria, el sindicato anunció este martes que valora interponer otra demanda penal contra la regidora por prevaricación y posible inducción a la usurpación de funciones en el dispositivo de seguridad de la cabalgata de Reyes.
En una comparecencia pública, delegados de CSIF explicaron que acudirán a la vía contenciosa para que a sus afiliados se les paguen los trabajos realizados, ya que hay agentes que tienen pendiente el cobro de refuerzos y nocturnidad de dos años. Además, recurrirá los decretos que les obligan a trabajar "cuando no existen situaciones de urgencia" -en San Froilán dejaron de hacer refuerzos voluntarios como medida de presión y la alcaldesa tiene que recurrir al decreto- y "órdenes ilegales e inmotivadas", como las que hubo el día de la cabalgata, dicen. Se refieren a la "orden verbal y sin ninguna motivación de urgencia" que Méndez habría dado a los ocho policías del turno de mañana del sábado para que se quedaran por la tarde. Además, según CSIF, Méndez ordenó a un oficial que se responsabilizara del operativo, "a sabiendas de que solo puede realizar funciones de responsabilidad un inspector o rango superior". Además, como no había efectivos policiales suficientes, la alcaldesa ordenó al responsable de Protección Civil "que improvisase con los voluntarios a su cargo, los cuales en algún momento usurparon funciones propias de la Policía", asegura el sindicato.
CSIF rompió con esta comparecencia pública la tregua, más o menos tensa, según el momento, que mantenía con el gobierno local desde la llegada a la alcaldía de Méndez. No solo anunció el recurso, una vez más, a los tribunales sino que denunció la "desidia" e "incapacidad" del gobierno para solucionar los problemas de personal de la Policía y del resto de áreas municipales y le acusó de "mala fe" con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está en trámite.
PRESIONES. La aprobación de una nueva RPT es fundamental por varias razones, una de ellas, el desajuste que hay entre este documento y la plantilla real, que motivó que el juzgado anulara el presupuesto de 2016 y por extensión el de 2017, prorrogado. Además, la RPT se presenta como la solución a la escuela municipal de música, cuyo profesorado también está anulado por el juzgado por una modificación ilegal de la RPT. Son argumentos que comparten tanto el gobierno como CSIF -y el resto de sindicatos que apoyan el documento-, pero además la central no esconde su interés por la mejora salarial que supondría para la Policía Local (además de para algún otro colectivo y trabajador), donde tiene una gran representación.
Benito Martínez, policía y delegado de CSIF, defiende que la nueva RPT no es injusta para el resto de trabajadores, como sostienen Ágora, CIG y Afi-USo, quienes sostienen que algunos salarios se ven reducidos respecto a los que se perciben ahora con productividad, sino que corrige la "inxustiza" que existe con este cuerpo, afirma el agente. Martínez recuerda que, en tiempos del alcalde Orozco, la policía fue la única categoría laboral del Concello que no vio igualado el complemento de destino y que, ahora, con la nueva RPT, el complemento específico (1.099 euros el de un policía a turnos) sigue siendo inferior al de policías como las de Monforte y Viveiro. En este último concello, el específico de un agente acaba de subir a 1.329 euros. La diferencia es que en estos municipios la jornada laboral de la Policía es de 37,5 horas semanales, como confirman sus responsables, y en Lugo es de 25,5 desde que se redujo en los noventa por acuerdo plenario.
CSIF asegura que prueba de que el gobierno nunca tuvo voluntad de aprobar la nueva RPT es que tiene el respaldo de la mayoría de la mesa negociadora -aunque en esta no está Ágora, el sindicato que representa a más funcionarios, por un defecto de forma- y en cambio no la aprueba. Critica, además, que el documento fuera llevado a negociación sin los informes técnicos -que, sin ser preceptivos, son convenientes-, que siguen pendientes de emitirse. A Persoal no se le dio plazo, se queja CSIF. Sobre el de Intervención, cree que el gobierno está dilatando la incorporación del nuevo técnico y critica que el actual, que ejerce de forma accidental, "válelles para unhas cousas e para outras non".
SUPUESTO BOICOT. CSIF presionan con la aprobación de la nueva RPT en público y en privado, según afirman fuentes del gobierno, quienes aseguran que las dificultades para organizar el dispositivo de la cabalgata vinieron dadas en parte por un supuesto boicot policial, que los agentes niegan. Según el equipo de Méndez, hubo obstáculos para notificar a varios policías que debían hacer refuerzo el sábado por la tarde, otros no se presentaron y el inspector que nombró para ejercer de forma provisional como jefe de la Policía presentó la baja médica acto seguido. Con anterioridad, el gobierno ya había propuesto a otro inspector, que primero aceptó y después, ante las presiones de compañeros, renunció. No obstante, en una reunión con policías celebrada el sábado, estos aseguran que la alcaldesa también admitió algún error en la organización y que les pidió disculpas.
La situación que se vive en la Policía Local es delicada porque la plantilla ya estaba muy mermada, ya que de las 143 plazas hay unas treinta vacantes, y a día de hoy 23 agentes han solicitado la jubilación anticipada y algún otro se jubila por edad, como el jefe, Manuel Méndez Novo. Este ya disfruta de días de permiso desde hace semanas y esta circunstancia motivó que el cuerpo se quedara sin dirección y no se esté pudiendo dar respuesta a muchos asuntos, desde requerimientos judiciales a cuestiones relacionadas con la vía pública y el tráfico, ya que con el jefe de este gabinete se da la misma situación. CSIF denuncia que la noche de Reyes solo hubo tres policías de servicio, ninguno de ellos mando ni de atestados.
