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C's y Concello discrepan sobre si una sentencia anula oposiciones y obras

La formación naranja cree que el fallo frena proyectos como el de Quiroga Ballesteros

La sentencia en la que el juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Lugo estima el recurso de CSIF contra el presupuesto municipal y la plantilla de personal de 2016 enfrenta al grupo municipal de Ciudadanos y al gobierno local, que hacen interpretaciones absolutamente opuestas de sus consecuencias. Para los primeros, son muy graves y extensas porque impedirá que se hagan las ofertas públicas de empleo de los años 2016 y 2017 ni obras como la peatonalización de Quiroga Ballesteros, los aparcamientos disuasorios o el arreglo del tapón urbanístico de la Avenida da Coruña. Para los segundos, alude exclusivamente al área de personal y su único efecto sería el de anular los sueldos de los funcionarios de los últimos dos años que, como es evidente, ya han sido cobrados.

Ciudadanos recuerda que el fallo implica "a anulación do orzamento viciado totalmente" pero también "a anulación de todos os actos administrativos que traian causa do mesmo, que sexan consecuencia necesaria da súa aprobación e sen o cal non tiveran existido". Ahí, en ese grupo, es donde la formación naranja incluye las dos ofertas públicas de empleo (con 47 puestos en total) y también todo el conjunto de obras previstas con fondos de la modificación presupuestaria que se hizo en agosto del año pasado. Fue preciso hacerla porque el Ayuntamiento operaba con los presupuestos prorrogados de 2016 y no tenía otra forma que obtener fondos más que esa. Entre esos trabajos figuran proyectos reiteradamente anunciados pero no iniciados, como la peatonalización de A Milagrosa, y otros ya hechos, como la compra de radioteléfonos para la Policía Local. En total, más de cuatro millones de euros.

El grupo ha registrado una moción de urgencia para, entre otras cosas, pedir la ejecución de la sentencia y que el gobierno municipal explique las consecuencias que va a acabar teniendo este fallo. Recuerda también que los presupuestos de 2018 adolecen del mismo problema que el juez detecta en los de 2016: fueron elaborados y supervisados por la misma persona, el interventor, y no tienen la plantilla actualizada.

Por su parte, el gobierno local y los técnicos consultados por este entienden que la sentencia se refiere exclusivamente al área de personal y la única consecuencia se referiría a los abonos a la plantilla, algo que ya no se puede revertir.

Explica que el fallo está siendo analizado por los servicios jurídicos con el objetivo de tomar una decisión sobre si se acata o se recurre ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sería su otra opción.

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