La denegación al Club Fluvial de la concesión para el uso de los terrenos contiguos al río ha reactivado el movimiento crítico con la directiva y una plataforma generada a través de las redes sociales y en la que hay 600 miembros emitió un comunicado en el que reclama la dimisión inmediata de la directiva y el nombramiento de una junta gestora que retome las relaciones con la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS) "para tratar de reconducir la solicitud de renovación para legalización el uso de la zona afectada y salvar al club de su desaparición".
El colectivo crítico reivindica, asimismo, poner en marcha un proceso para revisar todos los contratos de obras de los últimos cinco años y realizar una auditoría forense externa para conocer la realidad de la situación y movimientos económicos.
Dicen que ese proceso de renovación, que debe dar lugar a la convocatoria de elecciones para designar a una nueva directiva, es necesario ante los serios desafíos de la entidad, que según ese colectivo de críticos tiene una deuda de 1.928.581,54 euros, además de tener que afrontar la sanción de 50.000 euros de la Confederación por la obra en la zona del aparcamiento de piragüismo del club.
Temen que las sanciones al club se van a ir repitiendo, pues quedan por resolver otros dos expedientes abiertos por ese aparcamiento, iniciados por el Concello y Patrimonio de la Xunta.
Dan, así, por hecho, que habrá más sanciones y al respecto remarcan que Patrimonio de la Xunta había establecido condiciones muy claras para el aparcamiento, ya que advertía que había que dejar una franja verde al lado del muro y que solo se podía cubrir con aglomerado el espacio que ya estaba previamente asfaltado.
El colectivo crítico da por hecho que habrá más sanciones
En ese zona, advierten, convergen las normas de protección al río con las de preservación del Camino Primitivo, razón por la que Patrimonio era muy estricto con sus condiciones para la obra.
Al final, al coste de las sanciones que puedan seguir llegando habrá que sumar los gastos que habrá que asumir para reponer la legalidad en el aparcamiento, aseguran los críticos.
Pero, con todo, el desafío más grave es el hecho de no haber conseguido la renovación de los permisos de la Confederación para el uso de los terrenos situados en zona de dominio público hidráulico, recuerdan.
En ese sentido, remarcan que es el tercer fracaso, ya que en 2019 no se logró la renovación de la concesión y entienden que eso supone que hay instalaciones del club que están sin licencia.
Sostienen que el concurso de 2019 quedó desierto después de que el club no respondiera a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica y recuerdan que tampoco se ha logrado la concesión en los dos concursos posteriores. Algo debido, según informó la Confederación Hidrográfica, a que no se presentaron proyectos que garantizaran medidas para respetar los cinco metros de dominio público hidráulico.
El problema para cumplir con los derechos de paso por esos terrenos de dominio público estaría en la ubicación de algunas infraestructuras, algunas muy antiguas, como la piscina infantil que está sobre el río.
Los críticos apuntan que defender el hecho de que los terrenos son propiedad del club, como hace la directiva actual, no basta para asegurar la renovación de la concesión, sin la cual creen que estaría en peligro el propio club.
La importancia de la sociedad por el peso que tiene en Lugo tampoco llega, dicen, para lograr los permisos de la Hidrográfica.
El colectivo sostiene que fueron expulsados "simplemente por criticar una gestión que los hechos han demostrado que era más que criticable".
Denuncias
Sostienen que en su día se anunciaron denuncias contra los expulsados. Al final se formuló una y fue archivada, aseguran.
