Otra de las causas esgrimidas por Pilar de Lara contra Francisco Fernández Liñares, y que en su opinión podría constituir un delito de prevaricación y de tráfico de influencias, está relacionada con la contratación de la que fue su jefa de prensa en la Confederación Hidrográfica. Pese a que esta no era funcionaria ni podía ocupar ese puesto, Liñares consiguió que fuera la empresa pública de servicios Tragsa la que la contratara y se la asignara en la CHMS.
Según se desprende de las investigaciones, esa mujer, que no ha sido imputada en el caso, tenía bastantes buenos apoyos en el PSOE. Liñares incluso fue
grabado teniendo un conversación al respecto con el líder de los socialistas ourensanos, Pachi Vázquez.
Otro detalle sobre el que se llama la atención el auto de transformación en procedimiento abreviado tiene que ver con la actitud de Liñares una vez que fue cesado como presidente de la CHMS. Según destaca la magistrada, agilizó todo lo que pudo las adjudicaciones en cuando se dio cuenta de que, con el cambio
en el Gobierno central, iba a perder su puesto, de tal manera que dejó atadas un buen número de obras.
SEGUÍA FIRMANDO OBRAS. Pero es que una vez nombrado otro presidente, Liñares pasó a ocupar de manera temporal un puesto de funcionario de alto nivel en la misma Confederación. Los investigadores creen haber documentado cómo, desde ese puesto «estaría certificando la realización» de las obras que previamente había adjudicado como presidente, «amañando facturas en connivencia con el empresario Antonio Díaz hasta que por orden del nuevo presidente de la Confederación fue apartado de estas funciones».
