La Agencia Tributaria en Lugo no solo tendrá que indemnizar a un empresario lucense al que -tal y como informó este diario el pasado sábado- impuso una multa de 648.000 euros, sino que en un procedimiento asociado dejó prescribir otros 6,5 millones en sanciones a una constructora. Además, esta firma también ha solicitado ante la Audiencia Nacional un indemnización por el mismo motivo que el referido empresario, por lo que una inspección con la que Hacienda pensaba ingresar más de siete millones puede terminar con el pago de miles de euros del contribuyente en compensaciones.
Este proceso fue iniciado en 2008, cuando Hacienda decidió abrir una inspección a una firma dedicada a la construcción, que en ese momento desarrollaba obras de cierta relevancia. Según explica el letrado Carlos del Pino, socio del despacho Pin y Del Pino Abogados que se hizo cargo del asunto, como no se encontró nada en dicha inspección se decidió iniciar un procedimiento de comprobación censal a un proveedor de la constructora, que acabó con una sanción de 648.000 euros contra este acusado de haber emitido facturas falsas a favor de la constructora.
Paralelamente, abrió actas de liquidación y de sanción contra la firma por un total de 5,5 millones por supuestas irregularidades en el Iva. A la vez, la Agencia Tributaria dio traslado del expediente a la Fiscalía, por lo que tanto el dueño de la constructora como el proveedor fueron imputados en una investigación por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
El castillo de sanciones millonarias que había levantado Hacienda comenzó a desmoronarse cuando, en septiembre de 2013, el juzgado de instrucción 2 de Lugo decidió sobreseer el caso al no encontrar prueba de la comisión de ningún delito. Pese a ello, Hacienda volvió a la carga y sumó a las reclamaciones anteriores otra sanción de 961.000 euros más, esta vez por el Impuesto de Sociedades, con lo que la empresa de construcción quedaba pendiente de pagar 6,5 millones.
TRIBUNAL ECONÓMICO. Sin embargo, los letrados tributaristas de Pin y Del Pino recurrieron todas esas actas ante el TEAC (Tribunal Económico Administrativo Central, un órgano del propio Ministerio de Hacienda), que ni siquiera se molestó en entrar en el fondo para determinar si las sanciones eran o no correctas: las anuló al considerar que, debido a que los diversos órganos de la Agencia Tributaria no habían sido capaces de tramitarlas de manera correcta, está prescrito el derecho de la Administración a liquidar esos impuestos.
Para completar el catálogo de errores de los inspectores de Hacienda, el TEAR -un tribunal similar al anterior, pero de carácter regional- también anuló la sanción de 648.000 euros al proveedor, porque el procedimiento se había realizado mediante una comprobación censal, cuando el procedimiento correcto habría sido una inspección general.
Esta anulación provocó, además, una reclamación por daños patrimoniales por parte de este empresario, que exigía que le pagaran los gastos de abogados y asesores en el procedimiento. La Audiencia Nacional le reconoció ese derecho en una reciente sentencia, aunque limitó el pago a 6.000 euros y no los más de 60.000 que demandaba.
NUEVA RECLAMACIÓN. Mucho mayores son, por supuesto, los gastos legales por los que ahora reclama su indemnización la constructora perjudicada, pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional.
Pese al éxito en todo este asunto, el abogado Carlos del Pino lamenta que los tribunales económicos no hubieran entrado en el fondo del asunto y se limitaran a anular las sanciones por defectos formales, ya que en su opinión «no existían ni facturas falsas ni ninguna irregularidad» ni en las emitidas por el empresario proveedor ni por la constructora.
