La segunda jornada del juicio por cohecho y prevaricación contra Francisco Fernández Liñares y nueve empresarios, por el supuesto amaño de adjudicaciones de obras de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, tuvo este miércoles como protagonistas absolutos a los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que investigaron el caso. Estos no solo se ratificaron en sus conclusiones acerca del entramado de cobro de sobornos que habría montado Liñares, sino que aseguraron que la confesión que este realizó ante dos agentes en un bar de Santa Comba fue "totalmente espontánea".
Este acta policial ha cobrado una especial relevancia después de que en la primera jornada del juicio la Audiencia Provincial declarase nulas las cuatro declaraciones judiciales que el expresidente de la CHMS hizo mientras estuvo detenido y encarcelado. El documento escrito por dos agentes del SVA que regresaban con él del registro de una de sus casas, y firmado por el propio acusado, contiene nombres de empresarios y empresas que supuestamente fueron beneficiarios de sus adjudicaciones y las cantidades que le habrían pagado por ellas.
Los agentes confirmaron el interés de Liñares y de Pachi Vázquez en 'enchufar' en la CHMS a una jefa de prensa
Por este motivo, el esfuerzo principal de su abogado defensor, Evaristo Nogueira, se ha dirigido a desacreditar también este documento, alegando que se tomó aprovechando que Liñares estaba agotado y desorientado y que no era consciente de lo que decía, sino que solo repetía lo que los inspectores de Aduanas querían oír.
Una posibilidad que fue rechazada de plano por los dos agentes que estaban presentes, que insistieron en que la declaración se produjo "de manera espontánea, no hubo ni siquiera interrogatorio, nos limitamos a escribir lo que él nos iba diciendo". También rechazaron que fuera coaccionado de alguna manera o que estuviera en mal estado: "No estaba asustado ni mostraba miedo. Todo lo contrario", declaró uno de ellos, "en todo momento se portó de manera correctísima, muy educado, nunca nos puso ni una mala cara ni dijo una mala palabra".
Lo que sí pusieron de manifiesto es que fue la jueza instructora, Pilar de Lara, la que dio la autorización para que se tomara esta inusual confesión, así como que fue ella la que tomó la decisión de realizar los registros en los domicilios de Liñares sin que estuviera presente la abogada que solicitó.
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Por lo demás, la segunda jornada consistió en un desfile de agentes del SVA que participaron en los seguimientos, las escuchas telefónicas y los estudios de los expedientes de las 34 obras bajo sospecha en este caso. En lo esencial, todos ratificaron su convencimiento de que los concursos estaban amañados y que "daba las instrucciones precisas de a quién había que contratar en la CHMS". Pese a que ninguno vio la entrega de dinero en directo ni escuchó hablar de cantidades, consideran que expresiones como "voy para llevarle lo del mes, aunque no he cobrado lo del mes pasado" son concluyentes.
El fiscal, José Luis Álvarez, también puso especial énfasis en el interés de Liñares y del entonces líder socialista Pachi Vázquez en meter en la CHMS a una determinada persona como jefa de prensa, pese a que su contrato lo firmó y era pagado por Tragsa. Incluso, dijeron los agentes, presionó al ministerio para que fuera contratada como personal de la CHMS, aunque sin éxito.
En el sumario consta como sospechoso por una sola obra, por la que le habría pagado a Liñares una mordida de 15.000 euros. Su abogado, Sergio Campos, es el único junto al del exconcejal que está interviniendo en la vista. Este miércoles, el letrado se molestó en preguntar a cada uno de los agentes de SVA que declararon si habían escuchado alguna grabación, hecho algún seguimiento o conseguido algún documento que implicase a su cliente en las maniobras que el resto de acusados habían confesado. Ninguno pudo aportar nada.
Julio Franco pudo haberse acogido al mismo trato que aceptaron sus compañeros de banquillo: la pena de cinco años de prisión se ve rebajada a 15 meses, a sustituir por una multa. Sin embargo, defiende su inocencia plena y prefirió arriesgarse a una condena mayor.
No obstante, aún en el caso de que finalmente sea condenado, no lo sería a cinco años. Entre otros motivos, porque la atenuante de dilaciones indebidas la tiene segura, con lo que la máxima pena que le podría caer sería de entre tres y cuatro años y medio. Si las próximas jornadas del juicio no deparan sorpresas, quizás encuentre una buena rima.
