Condenan a un menor tutelado que pegó a su educadora por sacarle hachís

El chico empujó a la mujer, la arrojó sobre la cama y se tiró encima, mientas le exigía a gritos que le devolviera la droga. El juez le impuso seis meses de libertad vigilada y terapia para desintoxicarse
Un cigarrillo de hachís. EP
photo_camera Un cigarrillo de hachís. EP

El juzgado de Menores de Lugo condenó a un joven, tutelado por la Xunta de Galicia, que atacó a su educadora porque la mujer le quito una cartera que contenía hachís. El juez impuso al chico una pena de seis meses de libertad vigilada y le obliga además a realizar actividades "sobre la resolución pacífica de conflictos" y a acudir a la UAD (Unidad Asistencial de Drogodependientes) para desintoxicarse del consumo de hachís.

La sentencia recoge que el 27 de octubre de 2018, sobre las siete y cuarto de la tarde, el menor se encontraba en la vivienda tutelada en la que residía y la educadora que estaba en ese momento en el piso se acercó a su habitación, "dado que se detectaba un fuerte olor a hachís".

La mujer le preguntó si estaba fumando cannabis y el joven le respondió que no, pero la educadora revisó su mochila y encontró una cartera que contenía una bolita de hachís. En ese momento, el menor, "guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física", le propinó un fuerte empujón, la arrojó de espaldas sobre la cama y se tiró encima de ella, al mismo tiempo que el pedía a gritos que le devolviese la cartera. El chico colocó sus manos a los lados de la cabeza de la educadora, con la intención de intimidarla, por lo que la mujer le devolvió la cartera.

Al día siguiente, cuando el menor estaba desayunando, la mujer le requisó unos pendientes que se había puesto, ya que no estaba permitido llevarlos en la vivienda. El menor se los quitó y se los entregó, pero le dijo que se los tenía que devolver "por su madre muerta" y que "se las iba a pagar".

Por estos hechos, el juzgado de Menores de Lugo condenó al chico -como autor de un delito leve de maltrato de obra y otro delito leve de amenazas- y su abogada recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial.

La letrada argumentaba "ausencia de prueba de la intención del menor en los hechos" y hacía hincapié en "las contradicciones de la víctima". Exponía además que, "en el episodio de los pendientes pudo haber algún insulto, pero no amenazas".

El tribunal lucense, sin embargo, considera totalmente creíble la versión de la educadora y comparte "absolutamente" el criterio del juez de menores, "considerando expresamente la racionalidad" de la sentencia.

De este modo, la Audiencia Provincia de Lugo confirma el fallo y el menor condenado tendrá que cumplir el periodo de seis meses de libertad vigilada y recibir ayuda terapéutica "para la problemática de consumo de cannabis, debiendo poner interés en superarla", añade el fallo judicial.

El chico -que ya no reside en la vivienda tutelada por la Xunta donde se produjo la agresión- no tenía ningún otro expediente abierto en el juzgado de Menores por problemas de comportamiento. De hecho, estuvo acudiendo a terapia familiar durante un tiempo.

Con 17 años, el juez dice que "ya tiene edad para trabajar"
El juez de menores obliga al chico —que tiene 17 años de edad—a realizar diferentes actividades sobre la resolución pacífica de conflictos, con el objetivo de que "desarrolle su autoconcepto, su autoestima, y su motivación para realizar actividades que favorezcan su inserción sociolaboral".

Añade además expresamente  que, "a este aspecto, tendrá de darle mucha relevancia, dado que el joven ya tiene edad para trabajar".

Control de impulsos
El magistrado explica también en el fallo que otro de los objetivos de los cursos de reeducación es que el joven "no vuelva a cometer delitos, que reflexione sobre lo intolerable de aquellos por los que fue enjuiciado y sobre las consecuencias que han tenido para educadora víctima de los mismos. La resolución jucial también, añade otras órdenes de reeducación. Así, establece  "que realice actividades para desarrollar el control de impulsos y el respeto a los demás, particularmente a las figuras de autoridad". 

​La víctima no reclama
La educadora atacada por el menor —mientras trabajaba en la vivienda tutelada en la que residía el chico— rehusó la posibilidad de reclamar una indemnización por estos hechos. La mujer no necesitó ninguna asistencia sanitaria, por lo que tampoco existe ningún tipo de reclamación por parte del Servizo Galego de Saúde.