Un joven utilizado por una mafia para desfalcar a una empresa lucense –tras conseguir los datos bancarios de sus titulares mediante la técnica del 'phishing'– fue juzgado este jueves en el Penal 1 de Lugo y se mostró conforme con la pena de cuatro meses de cárcel que solicitó la Fiscalía. Los estafadores, que no llegaron a ser identificados, ingresaban en su cuenta dinero procedente de una empresa de reformas y decoración y el acusado lo transfería a una cuenta en Ucrania, tras quedarse una parte en concepto de comisión.
Los hechos sucedieron hace seis años. Según explicó el fiscal, a principios de 2010, personas desconocidas se apoderaron de modo fraudulento de los datos bancarios y las claves personales de dos cuentas corrientes que estaban a nombre de la empresa lucense. Estas personas ofrecieron por internet una cantidad de dinero, en concepto de comisión, a quien recibiera cantidades procedentes estas cuentas y lo remitiera al extranjero, concretamente a Ucrania, a través de Western Union.
El acusado, "conociendo, o teniendo por muy probable, que dicha operación tenía origen ilícito", siguió las indicaciones de estas personas y abrió una cuenta a su nombre en un banco. Posteriormente, el 30 de marzo de 2010, le ingresaron en su cuenta 2.891 euros y el joven –con iniciales M.Q.G.– remitió 2.510 al extranjero. La diferencia se la quedó, tal y como había pactado con los estafadores.
El fiscal pedía año y medio de cárcel, pero rebajó su petición a cuatro meses por dilaciones indebidas y el joven se mostró conforme
Ese mismo día, los estafadores ingresaron 2.910 euros en la cuenta de otro hombre , al que también captaron a través de internet. Esta persona intentó hacer la misma operación y enviar parte de esa cantidad al extranjero, pero el banco la anuló al sospechar que se trataba de un fraude.
El hombre, con iniciales A.M.G., también fue juzgado este jueves en el Penal número 1 por estafa en grado de tentativa, pero no se presentó. El fiscal solicitaba inicialmente para él cinco meses de cárcel, pero lo rebajó a tres meses al estimar que concurre en este caso la atenuante de dilaciones indebidas porque los hechos sucedieron hace seis años.
Durante la vista oral, declaró además como testigo otro joven que también respondió a la oferta de los estafadores. Sin embargo, no llegó a realizar la operación porque "olía mal" y decidió consultarlo en el banco.
Para M.Q.G. –el único que llegó a enviar el dinero al extranjero–, el ministerio público solicitaba en un principio un año y seis meses de cárcel, pero también rebajó su petición a cuatro meses por dilaciones indebidas y el letrado de la defensa indicó que el acusado estaba "conforme" con dicha pena.
Los estafadores engañaron a otros dos hombres. Uno desistió porque "olía mal" y otro afronta tres meses, pero no acudió al juicio
La letrada de la acusación particular, ejercida por la entidad bancaria donde abrieron las cuentas los acusados, recordó que estas personas "no son víctimas" y que solamente querían ganar dinero fácil a pesar de saber, o al menos sospechar, que la operación era ilícita. "Lo que querían era permanecer en esa situación de ignorancia deliberada. No fuera a ser que la realidad les estropeara el negocio", concluyó.
Desde 2010 se registraron en Lugo varios casos similares, tanto con acusados como con víctimas en varias zonas de la provincia. A finales de 2014, dos lucenses –un hombre y una mujer con iniciales F.L.Q. y J.C.L.– fueron condenados por aceptar un supuesto trabajo que consistía en recibir dinero en su cuenta y enviarlo a Ucrania. Aunque a priori realizar transferencias al extranjero no sea un delito, el problema en este caso es que el dinero que les ingresaban sus presuntos jefes procedía de cuentas de terceros que no habían dado su consentimiento. Los hechos habían sucedido en 2010 y la mujer fue condenada a un año de cárcel por estafa, mientras que al acusado le impusieron cuatro meses por tentativa.
Uno de los estafados en Lugo fue un abogado de la capital, al que le quitaron de su cuenta unos 6.000 euros en dos reintegros. Los estafadores originarios, que tampoco fueron identificados, pudieron conseguir sus contraseñas suplantando la web de su banco mediante la técnica del 'phishing'.
La sentencia fue tajante al afirmar que había motivos "más que sobrados" para sospechar que la supuesta oferta de trabajo encubría una actividad ilícita. Además, recordaba otro fallo del Supremo en el que se recoge que "cualquier persona con un nivel intelectivo medio es sabedora de que para realizar una transferencia no es preciso valerse de la cuenta de un tercero", por lo que es de suponer "la ilicitud" de la operación.
