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Condenado el exgerente de la Cámara por falsedad para blindar su contrato

El procesado se defendió a sí mismo en el juicio celebrado a finales de octubre. XESÚS PONTE
El procesado se defendió a sí mismo en el juicio celebrado a finales de octubre. XESÚS PONTE

La Audiencia Provincial de Lugo le impone un año de prisión a Fernández Piñeiro porque en el juicio por su despido se presentó dos documentos con la firma escaneada del presidente de la entidad sin que este tuviese constancia

El que fuera director gerente de la Cámara de Comercio de Lugo durante 15 años y letrado asesor de esta corporación de derecho público durante 26, Alberto Fernández Piñeiro, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Lugo a un año de prisión por falsificar un documento para intentar blindar su contrato laboral.

Esta sentencia podría pasarle factura a Fernández Piñeiro en la demanda por despido que tiene interpuesta contra la Cámara de Comercio de Lugo y a su vez esta entidad podría no ver aumentada la ya de por sí millonaria deuda que tiene contraída con sus extrabajadores.

La Audiencia Provincial de Lugo considera probado que este abogado, que se defendió a sí mismo durante el juicio celebrado contra él hace tres semanas, cometió un delito de falsedad en documento privado en concurso con un delito de estafa procesal en grado de tentativa.

El caso se destapó hace seis años cuando se estaba celebrando el juicio por la demanda laboral presentada por Fernández Piñeiro contra la Cámara por su despido, que ha quedado suspensa a la espera de que se resolviese el procedimiento penal contra este letrado.

En esa causa laboral el querellante había presentado sendos documentos en los que aparecía escaneada la firma del que fuera presidente de la entidad Adolfo Mosteirín -fallecido-. Uno de los escritos le habilitaba para usar una tarjeta de crédito con cargo a la Cámara. El otro le garantizaba que aunque le rescindiesen su contrato como director gerente continuaría ejerciendo como letrado asesor, trabajando tres horas diarias de lunes a viernes y percibiendo los mismos emolumentos, unos 117.000 euros anuales.

La Cámara lo había despedido a principios de 2012, tras abrirle un expediente disciplinario, alegando que durante seis años cargó en una tarjeta de crédito de la entidad gastos de difícil justificación, como viajes a Cuba, Santo Domingo o Miami, dietas, compra de ordenadores y de alimentación..., por importe de unos 250.000 euros en total.

El fallo de la Audiencia Provincial de Lugo, que se conoció este jueves, precisa que "el acusado, o persona a su ruego, elaboró ambos documentos sin consensuarlos con el presidente de la Cámara, que figura suscribiendo los dos".

Añade además que la firma "escaneada" de Alfredo Mosteirín "fue colocada en ambos documentos", que el exdirector gerente incorporó, fotocopiados, "con conocimiento de su falsedad" al procedimiento laboral, que "cuando se inició, el presidente de la Cámara había fallecido".

El tribunal considera que ambos documentos "no son ni verdaderos ni genuinos" y que "se hicieron ad hoc para presentar en el juicio laboral y sin conocimiento de quien figura firmándolos mediante firma escaneada".

SIN FIRMA DEL ACUSADO. A los miembros de la sala les "llama poderosamente la atención" que "se suscriban no de manera directa por quien lo acuerda, sino mediante una firma escaneada" los documentos en los que se deciden cuestiones tan importante como el uso de una tarjeta de crédito con cargo a la entidad o «las cantidades elevadísimas que podría reclamar» si era despedido.

Califican además como "ilógico", en el caso del blindaje del contrato, que el documento no esté firmado ni por el principal interesado, cuando, según recoge la sentencia, "pretende afianzar una posición económica de privilegio por parte del acusado".

Hace hincapié asimismo en que no se tuviese constancia de su existencia hasta su "presentación sorpresiva" en el juicio laboral de 2012, cuando supuestamente ya se había suscrito con el contrato de director gerente en 1999.

La Audiencia Provincial sostiene que esa falsedad en documento privado no sería "inocua", como aducía Fernández Piñeiro en el supuesto de que se produjese, sino que "perjudicaría claramente a la institución cameral".

Curiosidad: Un anexo suscrito en 1999 en papeles de 2000
Otro de los indicios que tiene "importancia capital" a juicio de la Audiencia Provincial de Lugo para dictar una sentencia condenatoria contra Fernández Piñeiro es que el anexo en el que se recoge el blindaje de su contrato se suscribió supuestamente en noviembre de 1999. Sin embargo, el papel en el que aparece recogido fugura una cuenta de correo electrónico y una página web de la Cámara que no existían en esa fecha, sino diez meses después.

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