El Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenaba a cinco miembros de una organización —que fueron detenidos en el marco de la operación Potro— dedicada a distribuir cocaína y hachís desde la comarca de Arousa a Lugo y Andalucía, concretamente a la provincia de Cádiz. Con el fallo del TS la condena ya es firme y los acusados tendrán que hacer frente a las penas de prisión, que van desde los dos hasta los diez años de cárcel, así como a multas que rondan en total los dos millones de euros.
La operación que condujo a la desarticulación de la banda —liderada por el histórico del narcotráfico Florencio Groba— fue llevada a cabo por la Guardia Civil a principios de 2012, después de dos años de intensas investigaciones. Concretamente, en el mes de marzo, los agentes detuvieron a Groba y a otros dos acusados —el vilagarciano Agenor C.C. y el cambadés José V.R.— cuando los tres viajaban de Pontevedra a Cádiz con 7,2 kilos de cocaína ocultos bajo la rueda de repuesto de su turismo.
La Benemérita detuvo también en la localidad gaditana de Jimena de la Frontera a un hombre de 35 años de edad, con iniciales F.G.F.C., al que se le atribuía ser el destinatario de la droga procedente de la comunidad gallega.
La investigación llevó además al arresto de otro hombre, residente en la capital lucense, que era abastecido de hachís por los miembros de la banda y que posteriormente vendía la droga en pequeñas dosis a los consumidores. Este acusado fue condenado a una pena de dos años de prisión y a pagar una multa de 700 euros.
El acusado de vender la droga a los consumidores de Lugo fue condenado a dos años de cárcel y una multa de 700 euros
REGISTROS. En los registros realizados por la Guardia Civil después de los arrestos, en las viviendas de todos los detenidos, los agentes localizaron cerca de medio centenar de teléfonos móviles —que utilizaban para llevar a cabo su actividad delictiva—, así como diversas cantidades de sustancias estupefacientes.
Además, en uno de los domicilios, sito en la localidad pontevedresa de Ponteareas, los investigadores localizaron una pistola semiautomática detonadora, marcha Rech, calibre ocho milímetros. El arma, que tenía el número de serie borrado, había sido transformada para disparar munición metálica de percusión central.
Tras conocer la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Florencio Groba y José V.R. presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. José V.R., marinero de profesión, negó en todo momento su relación con el tráfico de drogas y declaró en el juicio que acudiera al viaje a Cádiz para acompañar a A.C.C., con el que le unía una larga amistad.
Los recurrentes intentaron invalidar además las escuchas telefónicas del caso por "ausencia de motivación" del auto que las había acordado, pero el TS concluye que se realizaron de forma correcta. La sentencia recoge que "no se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas y las pruebas validamente obtenidas y practicadas accedieron oportunamente al plenario y sirvieron de base a la sentencia condenatoria", dice.
La Sala considera que tampoco se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva ni la presunción de inocencia, por lo que confirma la condena e impone las costas del recurso a los acusados.
