Una concesionaria factura desde 2016 1,7 millones y no paga al Concello

El PP añade el contrato de publicidad en la calle a la denuncia penal contra Méndez

Antonio Ameijide, junto a uno de los mupis. EP
photo_camera Antonio Ameijide, junto a uno de los mupis. EP

La empresa que explota la publicidad en soportes de propiedad municipal sigue renovando los anuncios pese a que su contrato caducó en septiembre de 2016. Desde entonces, ha facturado en torno a los 1,7 millones de euros pero no ha pagado nada al Ayuntamiento, según denunció este lunes el PP, que calculó esa cifra en función de las tarifas oficiales de las agencias publicitarias que operan en la ciudad.

Antonio Ameijide, portavoz municipal de los populares, aseguró que sumará este contrato a la denuncia penal contra Lara Méndez por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos ante el retraso en la readjudicación de los contratos caducados del Concello.

En el caso de este contrato recordó que la firma se hizo con él a finales de 1997 y que suponía la explotación de 44 mupis (expositores de cristal con doble cara) y 80 marquesinas. La duración estipulada inicialmente era de 10 años más 3 de prórroga, pero la empresa solicitó en 1999 una ampliación por tres años a mayores, con el compromiso de colocar a cambio 300 postes informativos. El pago de esta concesionaria se hace siempre en especie, con la instalación y mantenimiento de mobiliario urbano.

Finalmente, el Ayuntamiento dio en el año 2000 el visto bueno a la ampliación, que finalmente resultó ser por seis años más a cambio de la colocación de 400 postes informativos. Ameijide criticó ayer que esa extensión se hizo "pola porta de atrás" y que implicó que pasara a ser de 19 años en total.

El portavoz popular también explicó que el servicio de contratación advirtió al gobierno local hasta en cuatro ocasiones de la finalización del contrato, una de ellas siete meses antes de que acabara. "Non pode alegar descoñecemento", apuntó.

Por otra parte, con respecto a su denuncia del párking de Viana do Castelo que opera sin contrato, replicó a las puntualizaciones realizadas por José López Orozco en las redes sociales que esa concesión se aprobó en junta de gobierno en septiembre de 2007, cuando Liñares aún estaba en el Concello.

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