El Concello refuerza el control fiscal y pone el foco en los pagos de empresas

La vigilancia se centrará en la construcción y las grandes firmas y busca ingresar 3,5 millones
Lara Méndez. XESÚS PONTE
photo_camera Lara Méndez. XESÚS PONTE

El Ayuntamiento reforzará la inspección fiscal para incrementar el control sobre las actividades económicas en el municipio. El foco se pondrá en especial en las empresas y el objetivo es lograr una mayor equidad y sacar a la luz la economía sumergida, defendió la alcaldesa, Lara Méndez.

La regidora dijo que se trata de una cuestión de subsistencia financiera del Ayuntamiento, pero también de justicia fiscal. Se trata de velar porque las grandes empresas tributen por los ingresos que realmente tienen, sostuvo.

El refuerzo de la vigilancia fiscal se apoyará en una empresa que el gobierno local contratará para respaldar a los servicios municipales en la inspección tributaria y la regidora manifestó este martes que es necesario dar ese paso porque los impuestos municipales suponen el 60 por ciento de los ingresos del Ayuntamiento y hay que garantizar el cobro para poder financiar las políticas sociales en un momento de tanta incertidumbre económica por la crisis del covid.

Respecto a la labor de vigilancia, la edil de gobernanza, Paula Alvarellos, dijo que se hará especial hincapié sobre el pago del Icio (impuesto sobre construciones, instalaciones y obras), el IAE (impuesto de actividades económicas) y la tasa por aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo sobre la vía pública para garantizar que las empresas explotadoras de servicios de suministro tributan realmente con el 1,5% de los ingresos brutos de la facturación que obtienen anualmente dentro del municipio de Lugo.

"O cobro dos impostos municipais debe quedar garantido como base de financiamento das políticas sociais"

La empresa que se seleccione, con un contrato inicial de tres años, prorrogables por otros dos, deberá apoyar la vigilancia en el pago de tributos, mejorando el rendimiento actual, haciendo aflorar la economía sumergida y combatiendo el fraude, dijo la alcaldesa al anunciar el plan.

La firma que lleve a cabo la vigilancia tributaria recibirá 282.000 euros anuales, aunque el servicio tendrá una remuneración variable en función de la deuda tributaria cobrada que se prevé liquidar y que se sitúa en torno a los 3,5 millones de euros, según estimaciones realizadas por la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos.

La empresa encargada de la inspección deberá realizar tareas de apoyo en los procedimientos de gestión, sanción, resolución de recursos y notificación, añadió. Entre las tareas a realizar estarán también el desarrollo de trabajo de campo y la toma de datos.

El Concello establece que la adjudicataria deberá contar con un equipo integrado, como mínimo, por un jefe o delegado responsable, un técnico y un auxiliar administrativo, así como aportar el local donde se realizará el trabajo.

"Son cartos que poñeremos ao servizo da sociedade a través de prestacións que atenden ao interese xeral"

Alvarellos incidió en que la adjudicataria también tendrá que apoyar la elaboración del plan de inspección de los diferentes tributos de los que se nutren las arcas locales, así como generar el fichero de intercambio de la información censal con la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al IAE.

La recaudación que se logre con ese refuerzo del control fiscal permitirá poner dinero al servicio de la sociedad, mediante prestaciones que atiendan al interés general y que hagan posible que, a pesar de la situación de crisis, nadie quede atrás por la falta de recursos públicos, dijo Alvarellos.

La edil remarcó así el mensaje de la alcaldesa, que sostuvo que "dende a administración local queremos seguir sendo o principal apoio das familias lucenses, especialmente daquelas nas que a crise sanitaria deixou nunha situación de maior vulnerabilidade, por iso precisamos ter garantidos os ingresos municipais, a través da recadación local, como principal ferramenta de financiamento das políticas socias do Concello".

Señaló que el Concello, sin apoyo de otras administraciones, ha tenido que hacer un esfuerzo para responder a la crisis social y económica del covid y que es preciso generar ingresos para mantener las políticas sociales.

Por otra parte, Méndez y Alvarellos anunciaron también la apertura del procedimiento de contratación para la gestión recaudatoria municipal en periodo ejecutivo, así como la gestión de las multas de tráfico y de las sanciones del covid. Es un contrato anual de 1,3 millones, que permitirá al Concello recaudar hasta un 70 por ciento más de lo que implica ese costo, dijo Alvarellos. El contrato es por cinco años.

Comentarios