LUGO. El Plan Especial de Protección del Recinto Interior (Pepri) podría ser actualizado tras más de dos décadas de vigencia, ya que el gobierno local tiene previsto encargar a una empresa la redacción del proyecto para actualizar el documento por el que se rige el urbanismo del casco histórico de la ciudad.
A pesar de que el anterior ejecutivo socialista llegó a descartar la idea de reformar el plan, al considerar que no se trataba de una prioridad para Lugo y calculaba que tendría un coste de medio millón de euros, el concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, acaba de anunciar que, este mismo año y en cuanto se disponga de presupuesto, el ejecutivo licitará la contratación de esta reforma con una firma especializada, a la vez que se buscará la asesoría de colectivos profesionales como el Colegio de Arquitectos.
Piñeiro justifica la externalización del proyecto debido a la carga de trabajo que en la actualidad tienen los servicios de urbanismo y arquitectura del Concello, a la vez que destaca que el nuevo plan debe recoger las demandas de los diferentes colectivos implicados, desde propietarios, a comerciantes o promotores. El objetivo de la reforma sería incentivar el fomento de la rehabilitación de edificios, el desarrollo de las bolsas de suelo que no salieron de su parálisis ni siquiera durante el boom de la construcción, la reactivación económica del casco histórico y la repoblación demográfica, dado que en la actualidad apenas están empadronados unas 3.000 personas, cuando el parque de inmuebles de uso residencial, la mitad de los 4.000 existentes, tendría capacidad para acoger a unos 15.000 habitantes.
El concejal de desarrollo sostenible no cree sin embargo que los cambios que puedan introducir en el Pepri vayan a ser profundos, ya que asegura que Patrimonio no va a permitir que se rebaje la proyección actual del casco histórico, aunque sí cree que se puede actuar en dos líneas. Primero, facilitando el desarrollo de las unidades de intervención, con medidas como la segregación de algunas de ellas, y, luego, tratando de facilitar la agregación de parcelas, para que los promotores puedan rehabilitar conjuntamente dos o más edificios con fachadas similares, para poder dotarlos de los servicios de una vivienda moderna.
CONSTRUCTORES. Precisamente, esta última es una vieja demanda de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec), que justifica por el hecho de que muchos promotores desechen la idea de reformar algunos inmuebles por sus reducidas dimensiones, lo que provoca que sea imposible instalar ascensores o construir un piso por planta.
«No es lo mismo poner en el mercado viviendas con estándares de calidad del siglo XXI que del siglo XIX. Se ha visto el caso en alguna promoción reciente, que se vendió rápidamente porque el solar facilitaba crear viviendas amplias con garaje», explica el gerente de la Apec, Eugenio Corral.
ARQUITECTOS. El delegado del Coag, Raúl Veiga, también considera que el Pepri necesita una actualización «en todos los sentidos», empezando por reformar las unidades de intervención, ya que considera que la vía de la modificación puntual que se ha seguido hasta ahora no es la adecuada. Veiga recuerda que hace dos años el Coag mantuvo una reunión con el gobierno local en la que se planteó la creación de una comisión para la reforma del plan, aunque se lamenta de que desde entonces no han vuelto a sabe nada.
Sobre la posibilidad de cambiar el Pepri para permitir la agregación de parcelas, el delegado del Coag se muestra más cauto y dice que el plan es ahora muy claro en este sentido y solo permite hacerlo en casos muy concretos, aunque en todo caso cree que cualquier reforma profunda como la que se plantea debe de contar con todos los agentes sociales implicados.
Por su parte, desde la Confederación de Empresarios, su secretario general, Jaime López, recuerda que llevan años demandando una modificación del Pepri, pues considera que ahora mismo es un «obstáculo» para la actividad empresarial. «Nos están machacando con un montón de historias, de carteles, de colores, de zonas saturadas... Quedas en manos de lo que el funcionario interprete en cada momento. Es una norma que se ha quedado anticuada con respecto a la realidad de Lugo. Se puede proteger y a la vez favorecer la actividad», señala.
