La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, planteó este jueves a la presidenta de la delegación lucense del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (Coag), Carmen Figueiras, una fórmula de colaboración para tratar de reducir los tiempos de concesión de las licencias municipales de obra. En esencia, se trata de que el colegio certifique la idoneidad de los proyectos urbanísticos, lo que permitiría a la administración avanzar más rápido en la tramitación de los expedientes, ya que los técnicos municipales no tendrían que estudiar a fondo los proyectos sino que su labor sería fundamentalmente "fiscalizador ou inspector, orientado a verificar a conformidade da obra coa licenza outorgada".
El sistema propuesto por el gobierno local está ligado al cambio que realizó recientemente en el servicio de urbanismo, por el cual ahora autoriza las obras con proyecto básico, siempre que este cumpla los requisitos exigidos, sin tener que esperar a recibir el proyecto de ejecución, que es el completo y definitivo y que, lógicamente, deberá coincidir con el primero.
Si la fórmula planteada por el Concello sale adelante, una vez obtenida autorización para el proyecto básico, el promotor podría encargar el proyecto de ejecución, que tendría que acompañar de una declaración responsable sobre su adecuación al proyecto básico, y si lo considerase, podría solicitar al Coag un informe de idoneidad del mismo. "Suporá un selo de calidade outorgado pola oficina de visado do Colexio e permitirá avanzar con maior celeridade na conclusión do expediente municipal", explicó la alcaldesa, Lara Méndez. El Coag fijaría las tarifas.
La propuesta fue bien recibida por parte de la presidenta de los arquitectos, que ve "interesante" que el gobierno local intente buscar soluciones a la demora en la concesión de licencias. "É un paso positivo, pero loxicamente temos que estudar a proposta dende o Coag, temos que traballar", afirmó Figueiras. Méndez explicó que Concello y Coag quedaron emplazados para los próximos días con el fin de profundizar y perfilar la fórmula de colaboración.
A priori, el sistema se parece al propuesto hace meses por el PP y por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec), quienes plantearon el uso de Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (Eccon). Estas son empresas a las que podrían recurrir los promotores para que les certificasen la legalidad de los proyectos urbanísticos, que obtendrían licencia municipal sin necesidad de ser analizados e informados por los técnicos de la administración pública.
Figueiras mostró sus recelos respecto a esta fórmula. Consideraba que podría dejar fuera de juego a promotores que no pudieran pagar una Eccon y creía que no quedaba claro quién asumiría la responsabilidad en caso de haber problemas si las empresas, sociedades limitadas, quebrasen.
