El gobierno local pretende reducir la contestación social a la ordenanza cívica e intenta tender puentes con los colectivos críticos. este viernes anunció que estudia la posibilidad de que los infractores puedan sustituir las multas pecunarias por trabajos en beneficio de la comunidad. La alcaldesa Lara Méndez explicó que se busca "reconducir conductas incívicas e concienciar ás persoas que as levan a cabo".
Esta propuesta se puso encima de la mesa tan solo 24 horas después de que un grupo de activistas interrumpiese el pleno municipal para protestar contra lo que denominan "ordenanza mordaza" porque, a su juicio, supone una "persecución aos sectores máis vulnerables e o recorte de dereitos individuais e colectivos".
La primera edil destacó que, una vez presentado a los grupos de la oposición el documento de trabajo para que formulen sus consideraciones, "agora estámonos reunindo con todos aqueles colectivos que así nolo solicitan" con la finalidad de "nutrir e mellorar" la ordenanza cívica con las propuestas sociales.
Esta norma básica de convivencia, que todavía no ha sido llevada a junta de gobierno ni a pleno municipal, responde, según apuntó Lara Méndez, a "unha demanda social, que nos veñen reivindicando distintos colectivos de todos os ámbitos, tanto veciñal, como cultural ou empresarial".
La regidora municipal dice que se mantienen reuniones con colectivos sociales para "nutrir e mellorar" la ordenanza
Dijo además que es "unha ferramenta para garantir a convivencia da cidadanía e, en definitiva, mellorar a calidade de vida dos veciños preservando o espazo público como un lugar de encontro e civismo".
El gobierno local hace hincapié en que normativas como la que se tramita en Lugo están en vigor en otras ciudades, ya que el borrador sobre el que está trabajando el Concello está basado en la ordenanza tipo consensuada por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Esta ordenanza regula ciertas actividades que generan frecuentemente quejas vecinales, como los gorrillas, las pintadas en inmuebles, la prostitución o el botellón, y otra larga lista de infracciones.
Así contempla multas de hasta 750 euros para infracciones leves como dormir en los bancos; dejar propaganda fuera de los portales; tender ropa en balcones y sacudir las alfombras o bañar a animales en las fuentes públicas.
En el segundo nivel, infracciones graves castigadas desde 751 a 1.500 euros, entrarían los gorrillas; los manteros; las pintadas en mobiliario público; las peleas callejeras; practicar sexo dentro de un vehículo en un lugar visible o quemar neumáticos o cable de cobre.
Las muy graves, de 1.501 a 3.000 euros, estarían reservadas para la prostitución; la mendicidad con menores o discapcitados; pintadas en monumentos; el acoso a menores o alertas falsas a servicios de emergencias.
