El Concello de Lugo paga al mes de bus 175.000 euros sin comprobar el kilometraje

La concesionaria cobra por kilómetro recorrido, pero el sistema de control no funciona ►El PP critica que en dos días se autorizaron facturas con reparos de legalidad por 2,3 millones

Un autobús urbano de Lugo. EP
photo_camera Un autobús urbano de Lugo. EP

LUGO. El Concello paga una media mensual de 175.000 euros a la concesionaria del transporte urbano sin poder comprobar exactamente el kilometraje recorrido porque no funciona el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), con el que se podría conocer exactamente a través de los GPS la distancia recorrida por los buses. Según el nuevo contrato, vigente desde junio de 2016, el Ayuntamiento paga a la empresa 2,10 euros por kilómetro recorrido por cada bus, aunque en la actualidad el cálculo se realiza en base a las distancias de las diferentes líneas y el número de servicios diarios.

Un decreto firmado ayer por la alcaldesa levantaba un reparo de legalidad a cuatro facturas de la concesionaria correspondientes a tres meses por un importe total de 526.000 euros. En el escrito se pone de manifiesto que el SAE no funciona desde el inicio de la nueva concesión «por causas imputables ao Concello», aunque luego se justifica el abono de las mismas en base a los informes del funcionario responsable del contrato y del jefe del servicio de Ingeniería y a que se constata que se puede «verificar ou avaliar» la facturación en base a «outros mecanismos e comprobacións», sin especificar cuáles son.

El sistema utilizado para el control, según explicó la alcaldesa Lara Méndez en una reciente comparecencia plenaria, se basaría en mediciones realizadas por la Policía Local de la distancia recorrida por las diferentes líneas. De hecho, la regidora justificaba precisamente el retraso en el rediseño de la red de transporte porque, al no contar con el SAE, no se podría comprobar si los kilómetros recorridos por los buses se corresponderían con los facturados.

El funcionamiento del sistema, que se sirve de dispositivos GPS instalados en los buses para conocer en tiempo real en qué lugar se encuentran, no solo facilitaría el control de la concesionaria sino que ofrecería a los usuarios información en tiempo real de cuánto tardará en llegar el siguiente bus, bien a través de las pantallas en las paradas o de una App.

El portavoz del grupo popular, Antonio Ameijide, aludió ayer a este lote de facturas así como a otro autorizado el miércoles, correspondiente a otras empresas y por importe de 1,8 millones de euros, para criticar que en dos días Lara Méndez firmase dos decretos por valor de 2,3 millones y acusarla de «seguir en una espiral de pagos con reparos de legalidad».

Amejide recordó que en lo que va de año ya se abonaron facturas cuestionadas por el interventor por importe de 7,5 millones y atribuyó esta situación a que hay 22 servicios municipales sin contrato o con el mismo caducado.

VIAJES. Además, el popular anunció que preguntará a la alcaldesa por el pago de varias facturas del segundo lote correspondientes a estancias en hoteles y un viaje, y que figuraban como emitidas por la empresa que se encarga del control de los semáforos de Lugo.

«Las facturas son por 10 habitaciones de hotel y un billete de avión a Frankfurt desde Madrid, todo por un importe de 4.102 euros, siendo el coste de los hoteles 3.625 euros y teniendo 7 de estas habitaciones un coste de 453 euros cada una», dijo Amejide.

Desde el gobierno local se asegura que hay un error en el decreto y que las facturas fueron emitidas por una agencia de viajes. Explica que el billete de avión corresponde a una conexión del viaje de la alcaldesa y una técnico a Croacia para participar en el Congreso de Ciudades Amuralladas y añade que la media de 450 euros por habitación que hace el PP sería la mitad, ya que son facturas por dos noches en Madrid durante la feria Fitur, fechas en las que dice que los hoteles casi están al 100%.

Un servicio que pierde usuarios y con buses que hacen trayectos inútiles

El transporte público sigue perdiendo usuarios cada año y, si en el primer trimestres de 2017 hubo un total de 534.107 viajeros, en el mismo periodo de este año la cifra fue de 527.016, por lo que los autobuses registraron 2.364 usuarios menos al mes. Además, como denunció el BNG en marzo, tres líneas que acaban en el campus realizan trayectos inútiles, ya que dan la vuelta en la rotonda de la Avenida de Madrid y no en la de As Pedreiras (en la foto), una ruta extra de 800 metros en la que no hay ninguna parada.

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