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El Concello ordena a la Xunta tirar un depósito para incendios sin licencia

El depósito de agua construido por Medio Rural sin licencia en una finca de San Xoán de Pena. XESÚS PONTE
El depósito de agua construido por Medio Rural sin licencia en una finca de San Xoán de Pena. XESÚS PONTE

Medio Rural levantó la balsa en una finca rústica que cedió una empresa, a la que se expedientó inicialmente

El Concello de Lugo acaba de ordenar a la Xunta la demolición de un depósito de agua para la lucha contra incendios que había sido construido en el año 2012 por la Consellería de Medio Rural en una parcela clasificada como suelo rústico, en la parroquia de San Xoán de Pena, y sin contar con la preceptiva licencia municipal.

La orden, que fue firmada antes de dejar el cargo por el hasta hace unas semanas concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, explica que la patrulla verde de la Policía Local realizó hasta tres inspecciones del depósito, la última de ellas en abril de este año, y también se pudo comprobar que la obra había sido rematada sin que constase que hubiese un permiso habilitante. Por ello y a la vista de la normativa vigente, el Concello decidió abrir un expediente de reposición de la legalidad, "todo isto sen prexuízo da tramitación do oportuno expediente sancionador que se incoe para os efectos de determinación da sanción que corresponda", según se indica.

UNA FINCA PRIVADA. El depósito contraincendios, que mide aproximadamente 6 por 4 metros, fue construido por Medio Rural mediante un encofrado en una finca del lugar de Albares propiedad de una empresa privada, que se lo cedió a la Xunta. De hecho, el Concello expedientó inicialmente al propietario de la empresa, quien presentó alegaciones indicando que era responsabilidad de la Xunta la solicitud de la licencia de obra.

La parcela se clasificara como suelo rústico

Posteriormente, el Ayuntamiento se dirigió a Medio Rural para comprobar si era cierta la cesión, que fue admitida por la consellería y que de forma paralela solicitó una licencia municipal de legalización de la obra, que fue denegada por la junta de gobierno local al considerar que la obra había sido realizada en un suelo catalogado en el plan de urbanismo en vigor como rústico de especial protección de aguas.

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