El gobierno local de Lugo se quita momentáneamente un marrón de encima. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo ha desestimado el recurso interpuesto contra el Concello por el promotor de la parcela de O Garañón, en el que le reclamaba 15,4 millones de euros por los perjuicios que le causó la paralización de la edificación hace casi 12 años. El recurso ante el juzgado fue presentado en julio de 2013, después de que la administración municipal rechazase la solicitud de responsabilidad patrimonial que había presentado, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El fallo no es firme porque cabe recurso ante esta última instancia.
El juez desestima el recurso del promotor porque asegura que, en 2011, cuando se paralizaron las obras, no concurría “un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado”. Añade que “lo que ocurrió en ese momento, no posteriormente, ha de incardinarse dentro de los márgenes de lo razonable, no siendo la primera, ni única vez, que ha de retrotraerse un procedimiento administrativo por falta de un informe”.
"Se había operado una retroacción del procedimiento administrativo para solicitar informe a la Consellería de Cultura que, ulteriormente, resultó negativo, valorando no solo la protección de los bienes catalogados, sanatorio Portela y Termas Romanas, sino la calificación del parque Rosalía de Castro en el Plan General de Ordenación Urbana de 2011, publicado en 2012”, señala el magistrado en la sentencia, en la que añade que, en ese momento, “no concurría un incumplimiento del convenio firmado en 2005 por parte de la administración municipal”.
También incide en el fallo en que entre 2014 y 2020 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó tres resoluciones que ratificaban la suspensión de las obras.
El juez recuerda las tres sentencias del TSXG de suspensión de las obras y que la promotora está en concurso de acreedores
El titular del Contencioso Administrativo número 2 de Lugo destaca además que la suspensión de la ejecución de la obra "se operó como resultado de una resolución dictada en sede de un proceso de instrucción penal, iniciado en 2009 y archivado definitivamente por la Audiencia Provincial en 2021”. Además recuerda que la promotora presentó en julio de 2017 concurso de acreedores, hoy en día en fase de liquidación.
El juez también apunta que el Concello de Lugo ha optado por “modificar el régimen urbanístico del polígono y considerar todo el terreno como zona verde, descartando toda la posibilidad de existencia de edificios, vedando ya toda posibilidad de cumplir el convenio firmado con el recurrente, a la vez que ha iniciado el expediente de demolición de la estructura de la obra construida”.
