El Concello requirió a la propietaria de O Garañón el cierre y la limpieza del solar, y aunque los trabajos se comenzaron no llegaron a concluirse, por lo que se volverá exigir a la empresa que actúe y garantice la seguridad en el interior del recinto.
Después de que se conociera la primera muerte en las torres de O Garañón y de que continúen las peligrosas entradas de adolescentes al edificio, el gobierno local aseguró el martes que no descarta ejecutar la limpieza y el cierre de forma subsidiaria, si la empresa no actúa de forma inmediata. Ello conllevaría que sería el Concello quien abordara la limpieza y el cierre y después cobraría esos trabajos a la firma propietaria.
El gobierno local también recalcó que los problemas de seguridad que se dan en el edificio son responsabilidad de la empresa propietaria. En su día fue el juzgado el que ordenó el precinto de la urbanización, pero esa clausura se ha vulnerado de forma sistemática, lo que ha propiciado sobresaltos frecuentes a los vecinos de esa zona de la ciudad.
En tanto, el Concello recordó que tiene abierto el proceso de adjudicación a una empresa del proyecto de redacción del plan parcial para definir la reconversión del solar.
La empresa que se seleccione tendrá que presentar tres propuestas y, una vez elegida la definitiva, dispondrá de tres meses para elaborar su propuesta, que tendrá que recoger el proyecto urbanístico para los terrenos y también la propuesta económica para la compensación a la empresa propietaria de los terrenos.
El Concello defendió el martes que su propósito es que no haya un edificio en O Garañón y que apuesta por sumar esos terrenos a la zona verde que conforma el Parque de Rosalía de Castro.
No obstante, el gobierno subraya que no hay ninguna sentencia que obligue a la demolición de las torres de O Garañón, ya que las resoluciones judiciales lo que hicieron fue anular las licencias de edificación y urbanización.
Con todo, insistió en que su voluntad es que esos terrenos se conviertan en un espacio verde que encaje en el modelo de ciudad sostenible que se pretende desarrollar en la capital.
El gobierno sostiene que su voluntad es lograr la mejor solución para la ciudad, con el menos impacto económico posible.
