La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, descolocó este jueves a los miembros de la oposición al anunciar que cree que no habrá que pagar indemnizaciones por O Garañón. Fue a raíz de una moción en la que Cs pedía al gobierno local que informara de cuánto costará convertir la parcela de O Garañón en zona verde.
La alcaldesa puso en duda que haya que pagar al promotor de esta polémica urbanización. "Que non procede indemnización non o decimos nós, senón o asesor xurídico do Concello. Sabe quen é?", preguntó a la portavoz de Cs, Olga Louzao, hermana del citado técnico. "Consúltelle as dúbidas", le instó, mientras la edil la le retaba a poner por escrito que el Concello no va a tener que pagar ni un solo euro en indemnizaciones.
Tras finalizar el pleno, el gobierno local desarrolló la afirmación realizada por Méndez. El promotor, el ourensano Ricardo Iglesias, hoy en quiebra, presentó una reclamación patrimonial en el juzgado por 15 millones de euros, a la que el Concello respondió en mayo de este año con los siguientes argumentos.
No considera que tenga esa responsabilidad porque entiende que la obligación de pedir informe a la Consellería de Cultura —discutible, según el equipo de Méndez, porque para una urbanización aledaña no se exigió— sobre el proyecto urbanístico era del promotor y no del Concello. En todo caso, cuando el juzgado estableció que el informe era preceptivo, lo tramitó el Ayuntamiento y no él, y cuando Cultura rechazó el proyecto, el promotor no presentó ninguna propuesta edificatoria alternativa.
Por estas razones, el asesor jurídico del Concello considera que Iglesias no tiene derecho a ser indemnizado por pérdida de aprovechamiento urbanístico y lucro cesante y pone en duda siquiera que haya que compensarle por los gastos derivados de la obra realizada y por la edificabilidad que perderá debido a la decisión de convertir la parcela en zona verde.
Para Cs, este posicionamiento del gobierno de Lara Méndez es una "peligrosa huida hacia adelante" y una "mentira descarada" a los lucenses, mientras que el PP insistió en que sean los cargos socialistas que dieron las licencias quienes asuman las más que probables indemnizaciones, afirmó el popular Antonio Ameijide.
Mientras, el representante legal del promotor, Javier Calvo, aclaraba este miércoles que, según un informe de la Consellería de Cultura, la obligación de solicitar su informe era del Concello y no del promotor, como figura en un documento y así lo acabó asumiendo el Ayuntamiento, recalca el abogado. Asimismo, recordó que no pudo presentar proyecto alternativo porque en ese momento el PXOM ya estaba anulado en ese lugar, situación que se mantiene. Aclaró, además, que la reclamación inicial era de 15 millones, pero que en la demanda ya se señalaba que se elevaría a 26 millones si la parcela quedaba sin edificabilidad, como es voluntad del gobierno.
Proyecto de derribo
Para tirar las torres y reurbanizar la parcela es necesario un proyecto técnico, del que de momento no hay constancia. Lo que sí ha encargado el gobierno, aunque está en fase muy inicial, es la modificación del PXOM, para hacer zona verde y cumplir la sentencia del TSXG que anuló el plan urbanístico de este lugar.
