Lugo apoyó el año pasado proyectos de desarrollo en República Dominicana, Guatemala, Bolivia, India y Honduras. Con una aportación de unos 70.000 euros, el Concello dio vida a iniciativas para mejorar las condiciones de vida de familias campesinas, ayudó a construir escuelas, viviendas, centros comunitarios y sanitarios y contribuyó al impulso de cien iniciativas de emprendimiento dirigidas por mujeres víctimas de violencia de género.
Ese trabajo de cooperación internacional realizado por Lugo es espejo del que realizan las administraciones locales de todo el país, cuya labor centra desde este martes el II Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional, foro que se celebra en el MIHL y en el que la alcaldesa, Lara Méndez, reivindicó la importancia de la labor de los ayuntamientos a la hora de impulsar la cooperación al desarrollo. Defendió que se trata de una solidaridad imprescindible y que debe centrarse en el crecimiento justo y equitativo de los países.
Pero no se trabaja solo en el exterior y el Concello de Lugo también dedicó el año pasado 10.000 euros a proyectos de sensibilización social relacionados con el desarrollo, los derechos fundamentales o el comercio justo. Lugo volverá a dedicar este año sendas partidas de 70.000 y 10.000 euros a dar continuidad a esos planes.
El foro de Lugo arrancó bajó la sombra de la catástrofe que asola a Turquía y Siria, países sobre los que se vuelcan los esfuerzos en este momento. No obstante, la apertura del encuentro también se aprovechó para poner en valor experiencias recientes, como la de solidaridad con Ucrania.
Entre los ponentes que abordó el trabajo de apoyo a los refugiados ucranianos estuvo José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, que defendió una solidaridad que debe ayudar a cambiar el mundo y facilitar el acceso de los ciudadanos de todo el mundo a servicios públicos básicos.
Tomé defendió también la capacidad de acción de ayuntamientos y diputaciones, a las que reivindicó como administraciones, ágiles, próximas a los ciudadanos y con capacidad para transformar los ámbitos en los que trabajan. Lo que falta a esas administraciones para reforzar su acción es financiación, señaló Tomé, que recordó que ayuntamientos y diputaciones "también somos Estado", algo que debe reconocerse de una vez, reivindicó en el MIHL.
El compromiso con la cooperación internacional es común a todas las administraciones, subrayó Javier Arias, delegado de la Xunta, que destacó que el Gobierno gallego dedicó el año pasado nueve millones de euros a los programas de solidaridad y apoyo al desarrollo y reivindicó el trabajo realizado en colaboración con colectivos sin ánimo de lucro.
La inquietud por la financiación es común a todas las administraciones locales con programas de cooperación al desarrollo, que tienen puestas sus miras en este momento en la nueva ley, que debe mejorar las herramientas para hacer más eficaz ese trabajo, según se puso de manifiesto en el foro.
En tanto, Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación, puso el foco en los desafíos que tendrá que afrontar la cooperación y señaló como los más urgentes "la hambruna que se avecina", "el cambio climático" o la "escasez de agua" que amenazará al mundo.
Cancela reivindicó la solidez del modelo de cooperación español, a cuyo prestigio contribuyen los programas que desarrollan las entidades locales, dijo. Remarcó, a la vez, que la solidaridad internacional "es política exterior del Estado" y sostuvo que el modelo español es referente, entre otros motivos, por su apuesta por las políticas de igualdad y contra la violencia de género.
La secretaria de Estado hizo hincapié en el empeño español por ayudar en situaciones críticas, como la que se vive ahora en Turquía y Siria por el terremoto, y mostró un balance positivo respecto a la acogida de refugiados ucranianos, pero apuntó a que se requieren intervenciones en otros muchos ámbitos, ante los desafíos que afronta el mundo. Ante un momento de cambio en el planeta, la transición no será justa si no es social, manifestó Cancela.
En la misma línea se pronunció el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que dijo que las crisis alimentarias y climáticas serán los grandes problemas futuros.
Abogó por un modelo de cooperación internacional que sea sostenible, verde, feminista y que apoye la defensa de los derechos humanos y, a la vez, hizo una cerrada defensa de las políticas del Gobierno español. La ayuda a los ciudadanos ucranianos o la donación de cincuenta millones de vacunas contra el covid evidencian ese compromiso, dijo.
Los debates sobre el futuro de la ayuda
Más de 200 representantes políticos y responsables de organizaciones locales están citados en el foro de Lugo, organizado por la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, la FEMP y el Fondo Galego de Cooperación. Se trata de debatir sobre la nueva Ley de Cooperación, la Agenda 2030 y el papel decisivo de la administración local.
Nuria Parlón, presidenta de la Confederación de Fondos de Cooperación, destacó la importancia de que la nueva ley incorpore la "mirada" de los gobiernos locales a la cooperación, cuya relevancia se vio en la pandemia, donde se evidenció la importancia de que haya políticas globales, manifestó.
José Luis Blanco, de la comisión de cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias, destacó la aportación de cien millones de euros anuales para desarrollo sostenible y reivindicó la necesidad de un mundo más igualitario.
Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios y alcalde de Vilagarcía, destacó por su parte el impacto de la cooperación y la importancia de avanzar en la defensa de los derechos humanos.
