El Concello de Lugo dio la mitad de licencias urbanas que en el primer trimestre de 2021

El PP alerta que la situación en urbanismo se agrava y pone en riesgo inversiones de particulares, de empresas y del sector de la construcción

Montaje de una grúa, esta semana, en Campo Castelo. SEBAS SENANDE
photo_camera Montaje de una grúa, esta semana, en Campo Castelo. SEBAS SENANDE

El Concello de Lugo aprobó en el primer trimestre de este año 29 licencias de obras urbanas, frente a las 66 que autorizó en el mismo periodo del año pasado. El dato lo aportó este miércoles el PP, que volvió a alertar de la compleja situación que se vive en el departamento municipal de urbanismo. 

El número de licencias tramitadas para la zona rural (25) fue similar al de 2021 (24), pero la caída que se produjo en los expedientes del ámbito urbano, junto a la cifra aportada hace unas semanas por el gobierno, según la cual había 206 expedientes pendientes de resolución, llevan a los populares a concluir que se vive una situación de "colapso"

El problema pone en riesgo inversiones tanto de particulares como de empresas y compromete el amplio abanico de actividades que rodean al sector de la construcción, denuncia el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide

El gobierno de Lara Méndez no ofreció este miércoles una explicación de las causas de esta disminución de licencias tramitadas en el primer trimestre. Algunas diferencias respecto a hace un año es que entonces urbanismo tenía un concejal propio, Miguel Couto, y un jefe de arquitectura, Ángel Riva, aunque a mediados de marzo, el primero acabaría dimitiendo en parte por el nombramiento del segundo para el cargo. Posteriormente, la alcaldesa nombró concejal de urbanismo a Álvaro Santos, que ejerció poco tiempo debido a una baja médica, y hace meses que tiene acumulada esa responsabilidad la edil de gobernanza, Paula Alvarellos. Tras la marcha de Couto fue creada también la figura de coordinador general de urbanismo, que también lleva unas semanas de baja. 

Con todo, los problemas en esta área van más allá de la gestión política. El gobierno abrió expediente a un arquitecto por bajo rendimiento y está llevando a cabo cambios en el funcionamiento interno, y también para el exterior, con el fin de mejorar la tramitación urbanística, como unificaciones de criterios. El Colegio de Arquitectos y la patronal de la construcción los ven insuficientes y, algunos, perjudiciales.

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