El Concello debe cuatro mensualidades a Cechalva, la empresa que gestiona la grúa municipal, y la firma adeuda tres salarios a sus trece trabajadores, en concreto, la paga ordinaria y la extra de diciembre y una liquidación de atrasos, según denuncia el personal.
No es la primera vez que Cechalva paga a la plantilla con retraso escudándose en los atrasos que, a su vez, sufre en los abonos por parte de la administración local. La empresa está intervenida judicialmente, a raíz de la investigación iniciada hace años por la jueza Pilar de Lara contra el presunto amaño de contratos y pago de comisiones en Lugo y otros concellos, y todo parece indicar que se ha ido descapitalizando. De hecho, en anteriores ocasiones, la gerencia tiene argumentado falta de liquidez para pagar a los trabajadores por el retraso en los pagos municipales. Según la versión de la firma, el contrato, que supera los 500.000 euros al año, apenas cubre los gastos de funcionamiento y esa es una de las razones por las que supuestamente habría renunciado a optar a una nueva licitación. El contrato está caducado desde 2015 y en este momento está en fase de adjudicación —la oferta mejor valorada es la de Aparkisa— después de que, en una licitación anterior, el concurso quedara desierto. En teoría se trata de un contrato puente de dos años, porque existe un acuerdo de municipalización forzado por toda la oposición y que, según el gobierno de Lara Méndez, no se puede cumplir por falta de medios.
El hecho de que el contrato sea objeto de investigación judicial y esté caducado hace que la fiscalización por parte de los servicios municipales sea más exhaustiva y, como otras veces, esa parece ser la razón del actual retraso en los pagos, a lo que también contribuiría que el Concello funciona con interventor accidental desde la pasada primavera. El gobierno indicó ayer que las facturas se están tramitando.
79 AVISOS EN 8 CONTRATOS. El PP volvió a denunciar las "irregularidades" municipales en materia de contratación, a raíz de un informe del jefe de Contratación del mes de noviembre en el que pone de manifiesto que hubo 79 avisos sobre la necesidad de iniciar el proceso de licitación de ocho contratos, de los más de veinte que a día de hoy están sin actualizar. A estos se sumaron dos más en los últimos meses, el del servicio de prevención de las especialidades técnicas y el de seguridad del CEI-Nodus y el parque de A Milagrosa.
El portavoz del PP, Antonio Ameijide, informó de que adjuntará este informe a la denuncia penal que su grupo presentó hace unos meses en relación a los contratos caducados del Concello de Lugo. Insiste en que se puede tratar de prevaricación y malversación de fondos públicos.
