Frente a la reclamación de los propietarios en contrata de la suspension de los trabajos, el gobierno local insistió el miércoles en que la situación de las obras de la urbanización de As Saamasas obligaba a dictar la paralización de los trabajos.
Así las cosas, aclaran fuentes municipales que la orden de interrupción de los dichos trabajos se comunicó a la junta de compensación del sector el 27 de mayo de 2021, después de contrastar que la CHMS, el organismo competente para autorizar o denegar las obras, no había concedido la prórroga solicitada para ampliar los plazos de ejecución del proyecto.
También señalan desde el consistorio que la ampliación de un permiso que ya fue denegado en enero no resulta incompatible con el hecho de que la anterior prórroga, autorizada por la CHMS, estuviera en vigor hasta el 8 de mayo, fecha en la que debían finalizar las labores de construcción.
Según la cronología de la tramitación sucesiva, la junta de compensación del sector norte uno solicitó a la CHMS una primera prórroga en diciembre de 2019, por el plazo de un año.
Dicho periodo, que finalizaría el 15 de febrero de 2021, se prolongó hasta el 8 de mayo, a consecuencia de la suspensión de los plazos administrativos a los que obligó el estado de alarma.
Respecto a la determinación municipal, esta se adopta basándose en una propuesta y no requiere de informes técnicos que la avalen puesto que esa interrupción está motivada en la carencia del permiso sectorial correspondiente, alega el gobierno.
TRÁMTITE DE AUDIENCIA. Asimismo, el consistorio lucense concedió un trámite de audiencia a los interesados durante un plazo de 10 días. Tiempo en el que la junta de compensación presentó un recurso potestativo.
Para poder valorarlo adecuadamente, el Ayuntamiento paralizó los plazos de trámite de audiencia y cursó una consulta a la CHMS, quien respondió que el promotor "debería haber presentado la correspondiente solicitud de autorización de las labores que pretendía realizar".
El fin de esta decisión sería que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil pudiera estudiar si dichas labores afectaban o no a algún canal público o a sus zonas de protección.
