El PP informó este martes de que el gobierno local acaba de anular el convenio urbanístico que suscribió en su día con el constructor José Antonio Díaz para compensarle con una parcela en Sanfiz por la edificabilidad que perdió al tener que mantener en pie el antiguo sanatorio García Portela. Para los populares, esta decisión confirma que la operación, iniciada en la "era Besteiro fue una "cacicada". También puso de manifiesto que el equipo de Lara Méndez tomó esta decisión la semana pasada y no informó de ella.
El gobierno local optó por paralizar este expediente urbanístico porque el Consello Consultivo de Galicia, al que consultó, confirmó que, tal como había advertido el interventor muninicipal y la asesoría jurídica del Concello hace unos meses, el convenio carecía de los informes fiscalizadores preceptivos, en concreto, del servicio de Intervención del Ayuntamiento.
El problema de fondo es que, cuando en 2001, el gobierno local firmó el convenio con el promotor y constructor, no se hizo una valoración económica de la edificabilidad que supuestamente perdía al no poder edificar en el solar del García Portela. Ameijide recordó ayer que el PP cuestionó "dende o minuto un" la legalidad de esta operación urbanística porque carecía de informes técnicos, non había valoración económica nin cálculos do aproveitamento da parcela que se quería entregar", una finca de 1.200 metros cuadrados en la urbanización de Sanfiz.
La asesoría jurídica municipal ya había determinado la necesidad de que el convenio urbanístico fuera fiscalizado por el interventor municipal
El PP afirma que la decisión tomada ahora por el gobierno de Méndez confirma la "chanchullada urbanística" del sanatorio García Portela, "a segunda parte do Garañón", afirma Ameijide.
EL CASO. José Antonio Díaz adquirió en su día el García Portela por un importe que superó los 800 millones de pesetas, unos 4,8 millones de euros, que es el valor que después reclamó al Concello al no poder materializar sus planes para esta parcela por las contradicciones que el PGOU señalaba respecto a ella. Por un lado, el plan general de urbanismo de 1991 hacía edificable la finca, pero un documento anexo establecía la obligación de conservar el antiguo sanatorio, que se salvó en parte debido a una campaña impulsada por el Colegio de Arquitectos de Lugo. El Concello denegó la licencia de edificabilidad a Díaz, que recurrió al juzgado. En primera instancia, el constructor perdió, pero recurrrió al TSXG. Sin embargo, antes de que este se pronunciara, Díaz llegó a un acuerdo con el Concello mediante el cual este se comprometía a compensarle la edificabilidad en otro lugar, a cambio de que él renunciara a pedir responsabilidad patrimonial.
El PP cree que aquí estuvo el fallo, porque el Concello adquirió un compromiso antes del pronunciamiento judicial, que quizás hubiera resultado favorable a los intereses de la administración local, como sucedió en el pleito de la parcela colindante, donde se ubica una antigua caseta de Telefónica.
El convenio mediante el cual se le daba una parcela a Díaz en San Cibrao fue ratificado en 2001 en un pleno con los votos a favor del PSOE y del BNG y la oposición del PP. En 2018, el promotor exigió el cumplimiento del acuerdo, que seguía sin materializarse porque el planeamiento urbanístico de San Cibrao seguía sin estar aprobado. Fue entonces cuando el gobierno de Méndez acordó cederle una parcela en Sanfiz, acuerdo que se tomó en junta de gobierno en 2020 y del que se dio cuenta al pleno. Sin embargo, posteriormente, en un informe de infracciones por omisión de función fiscalizadora, el interventor municipal detectó que este acuerdo no había pasado por sus manos, por lo que carecía de validez legal. Este año, la asesoría jurídica municipal dictaminó esa misma conclusión y posteriormente lo hizo el Consello Consultivo de Galicia.
RESPUESTA. El gobierno local respondió ayer en un comunicado a las acusaciones del PP asegurando que es «literalmente falso» que la alcaldesa «executara, como di o PP, incumplindo a lei, o convenio urbanístico, xa que foron precisamente os sistemas de control establecidos os que detectaron un expediente administrativo que foi aprobado sen o correspondente informe de Intervención, polo que se subsanou a omisión da función fiscalizadora. É dicir, foi a alcaldesa a impulsora desta subsanación, e de que esta chegase ao Consello Consultivo».
El gobierno local recuerda que el «expediente de razón» fue remitido por la regidora al Consello Consultivo con fecha 29 de octubre de 2021 en el que se incluía diversa documentación sobre el proceso puesto en marcha por el Concello para la cesión de la parcela en Sanfiz a José Antonio Díaz.
Así, recuerda que, entre otros documentos, se incluyó un informe de la Intervención del 15 de diciembre de 2020 «onde deixa constancia da omisión da función interventora», así como otro acuerdo de la junta de gobierno del 19 de mayo de 2021 que aprueba iniciar el «procedemento de revisión de oficio do acordo de transmisión da parcela».
