El informe sobre los puestos de trabajo del Concello que el gobierno entregó a los sindicatos, según el cual el 40% de los empleados están adscritos a sus puestos de forma irregular, o con dudas de legalidad, y que 49 de ellos cobran por encima de la categoría que tienen, desconcertó en las oficinas municipales, donde se espera una importante reorganización de los efectivos en 2020.
El informe sembró de incertidumbre al personal. Los órganos de representación (junta de personal y comité de empresa) no reaccionaron públicamente, probablemente porque en su seno hay sensibilidades distintas. Algunos integrantes forman parte de ese grupo de trabajadores que estarían de forma irregular.
El PP acusó a la alcaldesa de ser "cómplice" de la situación por no haber abordado esas irregularidades hasta ahora. El portavoz popular, Ramón Carballo, recordó que Méndez tuvo dos directores generales de recursos humanos y anunció que su grupo estudiará pedir una comparecencia de la edil de personal, Paula Alvarellos. Según la fiscalización que hizo el nuevo interventor, todos los puestos que se provisionaron por decreto de alcaldía, con informe del servicio de personal pero "infrinxindo a normativa legal vixente", fueron anteriores a Méndez. Algunas irregularidades vienen ya de gobierno previos al PSOE.
El informe pone sobre el papel una situación de la que trabajadores y sindicatos vienen advirtiendo desde hace años. Hay incluso una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza en la que, a raíz de un recurso de CSIF al presupuesto municipal de 2016, dictamina que este no era conforme a derecho porque incluía puestos de trabajo que no estaban en el cuadro de personal del Concello.
Esa circunstancia, junto al traslado de trabajadores a otros puestos o la asignación de funciones distintas a las que les corresponderían, en muchos casos sin motivación ni normativa que avalaran estos cambios, es una de las principales "disfunciones" que el gobierno local ha registrado en un informe que promovió el nuevo interventor y que realizaron la vicesecretaria y el secretario del Concello porque la jefa de personal estaba de baja. El objetivo no es otro que "corregirlas", según afirmó este viernes Alvarellos, quien aseguró que el fin era tener "la foto exacta" de la situación del personal "como paso previo" para aprobar una nueva relación de puestos de trabajo (RPT). La actual es de 2006 y apenas sufrió modificaciones, en 2012.
Hay provisiones de puestos irregulares desde tiempos previos al PSOE, siguieron con Orozco y con Méndez tampoco se solucionaron
Alvarellos recalcó que "no se trata de mirar atrás, se trata de mirar hacia adelante". El objetivo, explicó, es que el Concello disponga de una nueva RPT a principios de enero, un plazo que se antoja difícil de cumplir si se tienen en cuenta el procedimiento que hay que seguir —elaboración del documento, solicitud de informes, plazos de presentación y resolución de alegaciones...—, que el trabajo va a ser realizado por técnicos del Concello y que la filosofía es "iniciar" una nueva RPT.
En el anterior mandato, el gobierno llevó a negociación con los sindicatos una propuesta en la que llevaba años trabajando una empresa contratada, en coordinación con los distintos equipos de gobierno. El documento creó un cisma en la plantilla debido a la desigual —e injusta, según los menos favorecidos— subida de retribuciones que planteaba. El incremento más llamativo, de casi 400 euros, era para los policías locales. Inicialmente, esa RPT contó con el apoyo mayoritario de los sindicatos —entre otras razones porque una de las organizaciones con mayor peso no estaba en la mesa negociadora—, pero con los resultados de las elecciones sindicales celebradas en marzo, ahora son mayoría los contrarios.
Sobre cómo el gobierno local prevé abordar la nueva RPT a este respecto no hay pistas, aunque el hecho de que vaya a "iniciar" el trabajo podría interpretarse como que también las revisiones salariales podrían sufrir cambios. "Se está elaborando y estudiando la nueva estructura y en función de eso se evaluará", informó.
