"NO HAY ALCALDE que se precie sin dos o tres imputaciones al año». El regidor quizá más encausado de la provincia, José López Orozco, se refería con esa exageración tan descriptiva a la situación que viven o vivieron numerosos alcaldes en las últimas dos décadas. Orozco es también el campeón de las exculpaciones, pues ya no le llegan los dedos de una mano para contar de cuántas causas, macro y mini, se libró. Perdió la alcaldía por ese motivo, pero mantiene su expediente impoluto.
El exregidor lucense es uno más de la treintena de compañeros de bastón de mando que pasaron de una manera u otra por la llamada en el argot ‘la silla que baila’, una cifra bastante escándalosa a primera vista, pero que analizando un poco las causas tiene su explicación.
A la mayoría se les atribuyeron delitos relacionados con el ejercicio de un cargo público, es decir, malversación, falsedad documental y sobre todo prevaricación, aunque también hubo regidores imputados (ahora investigados) por la retirada fraudulenta de multas de Tráfico, cobro de dietas y hasta por agresión en el despacho a una convecina.
PENA DE TELEDIARIO
"La denuncia penal lleva al encausado de cabeza ante el juez, mientras que la vía administrativa resulta más discreta y a la vez fructífera"
Varios abogados consultados coinciden en que esa elevada cifra de imputaciones y posteriores absoluciones hace sospechar que detrás hay motivos políticos. Es relativamente sencillo que el juzgado impute a una persona. La admisión de la denuncia tiene como consecuencia la inmediata citación en calidad de investigado, lo que pone en marcha la tan manida pena de telediario. Si el denunciante toma la vía administrativa, mucho más fructífera y adecuada para estos casos, la trascendencia social es mucho menor. Un buen ejemplo es la reciente sentencia por el caso del urbanismo de Barreiros, donde la propia acusación particular encarnada por Adega asume, una vez vista la absolución, que el camino contencioso administrativo hubiera sido más conveniente en un pleito de esas características. Claro, es menos vistoso de cara a los medios.
El MAL TRAGO
Prestar testimonio como imputado garantiza los derechos, pero la realidad es que a nadie le gusta ocupar la 'silla que baila'
No es así en todos los supuestos, obviamente. Aquellos que se vieron implicados en las macrocausas de los juzgados 1 y 3 de Lugo, léase Campeón, Rei, Pokemon..., están ya ‘per se’ en la vía penal, con todas sus peculiaridades. Por ejemplo, como curiosidad, declarar como testigo obliga a decir la verdad, sin embargo estar imputado permite mentir y también garantiza "los derechos", como se esfuerza siempre el juez en recordar. Por mucha mentira consentida y muchos derechos, comparecer en esta condición nunca es agradable.
Tras el primer impacto, con la citación y la primera declaración, llegan los meses o años de espera. Casi nunca es poco el tiempo y muchos de los alcaldes luego absueltos tuvieron que pasar un calvario de cara a la ciudadanía, cuando no algo peor. Orozco no fue reelegido alcalde porque la oposición lo vetó, José Luis Raposo (Pedrafita) dejó sus cargos en el partido y dimitió como diputado provincial, Pablo Taboada (Palas) y Alfonso Fuente Parga (Barreiros) pasaron una década encausados...
El coste familiar y social es otro factor. "Cuando surge uno de estos asuntos, la gente empieza a hablar, y en los municipios pequeños se conocen todos", relata un letrado que defendió a alguno de estos regidores. "Nadie lo lleva bien", zanja, en referencia a que en la Justicia "uno sabe cómo se entra pero nunca cómo se sale".
De cara al propio partido también hay recelos. PP y PSOE tienen más o menos la misma norma. Obligan a sus autoridades a dejar el partido en el momento de la apertura de juicio oral, aunque se mantengan en sus cargos, como en los casos de Palas, Barreiros o Pedrafita. Más estricto es el BNG. De hecho, la imputación de Manuel Martínez por unas obras en Portomarín, de la que luego fue exculpado, supuso que los nacionalistas no apoyasen su candidatura como presidente de la Diputación, lo que abrió uno de los capítulos más surrealistas de la historia política lucense.
Una treintena de absueltos y solo media docena de condenados. En estos años figuran con sentencia condenatoria firme, en 1998, Vicente Quiroga (Lugo, PP), a seis meses por falsedad; los regidores populares de A Pobra do Brollón Antonio Arias y Manuel Casanova, con penas de 4 años y medio por apropiarse de subvenciones; Jesús Otero (Monterroso, Inta), que como subdelegado del Gobierno fue sentenciado a un año de inhabilitación en el caso de las multas; José Luis Coedo (As Nogais, PSOE), a dos años por cobro irregular de dietas; Fe Rodríguez Rocha (Lourenzá, PP), inhabilitada por un delito electoral y luego indultada parcialmente —también quedó libre del caso de las dietas—, e Isaac Prado Villapol (O Vicedo, PP), con varias condenas, la mayor de ellas de 15 años. Sin duda, un balance muy desigual.
