Las ciudades gallegas tienden a una gestión profesional de las perreras

De los siete principales concellos, cuatro ya han dejado la recogida y cuidado de animales en manos de empresas con adjudicaciones ► Lugo, Ourense y Pontevedra son las únicas que mantienen este servicio en manos de asociaciones animalistas a través de convenios
Animales en la perrera de Lugo. XESÚS PONTE
photo_camera Animales en la perrera de Lugo. XESÚS PONTE

Lugo arrastra desde hace tiempo un serio problema con el servicio de recogida de animales, sobre todo por la necesidad de disponer de unas instalaciones más modernas, amplias y adecuadas que las que ahora ocupa la Protectora, que es quien se encarga de la tarea. Una situación que no es ni mucho menos exclusiva de este concello y que además se ha visto influenciada por la aprobación el año pasado de la Ley de Bienestar Animal, que incrementa las responsabilidades y exigencias a los municipios en la gestión de sus colonias de perros y gatos abandonados.

Son dos situaciones que han extendido el debate inicial a uno que va directamente a la raíz: la gestión. Mientras que en gran parte de los pequeños concellos de la provincia la recogida se hace mediante convenios con sociedades animalistas, como es el caso de la capital y la Protectora de Animales, cada vez más administraciones municipales optan por unas instalaciones propias y un servicio adjudicado directamente por concurso a empresas profesionales.

Este es el caso de cuatro de las siete grandes ciudades de Galicia, una lista a la que precisamente se acaba de unir Vigo. Según explican desde el Concello olívico, hasta ahora sus instalaciones del refugio municipal de A Madroa eran gestionadas por la Protectora de Animales local, con la que firmaban un convenio anual de alrededor de 140.000 euros, al que se sumaban otras cantidades.

Sin embargo, este será último año porque, debido sobre todo a las exigencias de la nueva Ley de Bienestar Animal, se ha sacado a concurso el servicio que incluya todo, desde la recogida 24 horas al cuidado de animales o la esterilización de colonias. Es un contrato de tres años por 2,2 millones de euros que se adjudicará por el sistema de libre competencia.

La otra mayor ciudad de Galicia, A Coruña, hace muchos años que tiene adjudicado este servicio a una empresa privada, Servigal. De hecho, la concesión volvió a salir por otros cinco años en 2023, si bien en estos momentos se encuentra paralizada por una investigación judicial: una de las empresas que concursó no solo recurrió la decisión, sino que denunció penalmente por supuesta prevaricación a un concejal y dos funcionarios. El contrato ronda los 400.000 euros.

Otra opción, los consorcios

Otras capitales que han optado por la profesionalización del servicio son Ferrol y Santiago, si bien con un modelo diferente. En Santiago de Compostela se hace, según fuentes municipales, a través de la Fundación do Refuxio de Animais, que fue constituida por el Concello y la están integrando otros ayuntamientos del contorno. Las instalaciones, en Bando, son municipales y el presupuesto total de la Fundación Refuxio de Animais para este año son 690.908, euros. El Concello de Santiago aporta 120.000 euros para lacería y 200.000 para la gestión del refugio. El resto de los concellos participantes aportan 182.410.

El centro de recogida de animales de Ferrol es Refuxio de Mougá, un servicio mancomunado dependiente de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol (Ferrol, Narón, Neda, Fene, Ares, Mugardos, Cabanas, Cedeira y Valdoviño).

El contrato tiene un precio anual de 200.085 para la gestión del refugio más 40.000 para las colonias felinas. En el presupuesto de este año la partida se ha elevado a 400.000 euros con el objeto de licitar el servicio "por un prezo acorde ás necesidades", según el Concello de Ferrol. Hay que añadir el gasto propio de las instalaciones, que en 2023 representó 93.293 euros. En estos momentos el contrato lo tiene la empresa local Más Cuidados Multiservicio, pero volverá a salir a adjudicación antes de junio de 2025.

En el otro modelo, el de convenio con asociaciones animalistas, se mantienen, además de Lugo, Pontevedra y Ourense. En la primera de ellas, las instalaciones son municipales, y por lo tanto se hace cargo de su mantenimiento, si bien la gestión la realiza una asociación local, Os Palleiros. Solo da servicio a la ciudad y el convenio, según el Concello, es de 35.000 euros anuales.

Se trata sin duda del gasto más bajo de las grandes ciudades gallegas, porque la subvención anual de Ourense a la protectora Progape es de 150.000 euros. No obstante, la propia asociación ha alertado de las muchas deudas que arrastra y la ciudad está desde hace tiempo en una situación similar a Lugo con las instalaciones: hay aprobada una reforma de 179.500 euros que ha sido varias veces aplazada, hasta el punto de que hay propuestas para que se haga una nueva perrera ante el estado de la actual.

Como referencia para comparar, Lugo aporta unos 200.000 euros al año para su convenio con la Protectora de Animales, que opera en unas instalaciones obsoletas levantadas sobre terrenos de la Diputación, que también aporta otros 40.000 euros. El presupuesto se completa con 34.000 euros de otros siete concellos limítrofes y 20.000 de la Xunta.

Pocos concellos de Lugo cuentan con servicio estable 

Los concellos de la provincia de Lugo básicamente se buscan la vida para atender a sus animales. La Diputación presta ayuda económica a aquellos municipios que la solicitan, al igual que la Xunta, pero en Lugo no hay una estructura que dé este servicio, como sí sucede en Pontevedra (con 52 concellos asociados y un contrato con Tragsa) o en Ourense. 

Algunos de los mayores sí que tienen contratos estables para la recogida de animales, como Sarria o Monforte (este último concello, como referencia, paga por él alrededor de 30.000 euros al año), pero la mayoría de ellos tienen que recurrir a pagar a clínicas veterinarias u otras empresas que den este servicio cuando les surge el problema. 

Sin embargo, un estudio realizado por la Federación Galega de Municipios e Provincias concluía que "o modelo que menos carga económica supón para os concellos dos vistos ata o de agora é aquel no que o servizo é prestado en convenio coas correspondentes deputacións provinciais".

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