El colapso en los juzgados de lo Social de Lugo, lejos de acercarse a su solución, corre el riesgo del cronificarse: en estos momentos, hay juzgados señalando comparecencias para enero del año 2022. Ante la gravedad del problema, y con la negativa del Ministerio de Justicia de crear este año el demandado cuarto juzgado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un nuevo parche, al nombrar en comisión de servicio a un juez de refuerzo, pero que se ocupará solo de materia de despidos laborales.
Según informó este martes el CGPJ, a través del TSXG, la comisión permanente del Poder Judicial tomó esta decisión tras constatar que al final del primer trimestre de este año los tres juzgados sociales de Lugo tenían en trámite 4.426 asuntos, 1.475 de media cada uno. Es la constatación numérica de un problema sobre el que los profesionales del sistema de Justicia llevan varios años alertando, para que se cree una nueva sala en la provincial, sin éxito hasta ahora pese a que este mismo año fue solicitado tanto por la Xunta como por el TSXG.
El Ministerio de Justicia, sin embargo, denegó este nuevo juzgado, si bien prometió más medidas de refuerzo tras una reunión de la alcaldesa, Lara Méndez, con representantes de Justicia.
Hasta ahora, dichas medidas no se habían implementado. Se mantenía la existencia de una jueza de refuerzo que apoyaba de forma genérica a los tres juzgados, una medida que ya se había tomado incluso antes de la huelga de funcionarios de la Justicia que se declaró el año pasado y que agravó todavía más la situación. Esta jueza, cuya comisión también acaba de renovar el CGPJ hasta diciembre de este año, se encarga de celebrar vistas en las tres salas, dos veces por semana, y dictar las sentencias. En estos momentos ocupa esta plaza la que era titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Vilalba, María Gabriela Gómez.
En algún juzgado se dejaron casos sin admitir ni señalar pendientes de que se hiciera efectivo el refuerzo para los despidos
Ante la evidencia de que el colapso estaba lejos de solucionarse incluso con este refuerzo, el Poder Judicial ha decidido nombrar en comisión de servicio al titular del juzgado único de A Fonsagrada, Eladio Prieto. Pero la labor de este juez se limitará, según el propio CGPJ, a los casos de despidos, con el objetivo de que pueda gestionar unos sesenta al mes.
Un refuerzo que, sin embargo, las fuentes consultadas por este diario consideran poco más que un parche. La razón, explican, es que los despidos ya son por ley materia prioritaria en los juzgados de lo Social, por lo que en realidad estos casos se estaban celebrando en plazos bastante razonables dentro de la situación de retrasos generalizados.
Además, la labor de refuerzo de la otra magistrada, la que se dedica a celebrar vistas de los tres juzgados, también crea situaciones claramente discriminatorias: le señalan, según analizan las fuentes referidas, las causas que entran nuevas, por lo que se dan circunstancias como que una demanda que entre ahora y le corresponda a ver a la jueza de refuerzo se solvente en solo unos meses, mientras que otras que entren a la vez o lleven meses en los juzgados tengan que esperar años.
SIN SEÑALAR. Y cuando se habla de años, es literalmente. Este mismo mes alguno de los juzgados de lo Social ya está señalando actos para finales de enero de 2022. Y eso cuando el titular de la sala decide poner fecha, porque a veces ni eso.
En una reciente providencia, una de las juezas acuerda dejar pendiente de admisión y señalamiento una demanda por despido argumentando que el 23 de abril pasado se había publicado la comisión de servicio para el plan de refuerzo extraordinario en materia de despidos para Lugo, y que el TSXG había informado a favor de su concesión, por lo que dejaba el asunto pendiente de que se hiciera efectivo dicho refuerzo. Este ha tardado casi tres meses en recibir el visto bueno y, dados los plazos, probablemente no será efectivo hasta septiembre.
