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El CGPJ acusa a Pilar de Lara de "abandono selectivo o interesado" de algunos casos

Concentración de apoyo a De Lara. V.R.
Concentración de apoyo a De Lara. V.R.

El órgano de gobierno de los jueces considera que su actuación "anómala" afectó a derechos fundamentales de los afectados

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso a Pilar de Lara una sanción de siete meses y un día de suspensión, que conlleva la pérdida de destino, por una falta muy grave de desatención de su juzgado. Sin embargo, el expediente en que se basa la sanción recoge hechos que trascienden los meros retrasos en la tramitación de los casos. Entre otras acusaciones, el CGPJ aprecia en la actuación de la magistrada "un abandono selectivo o interesado en el despacho de determinados asuntos".

El expediente le fue comunicado este viernes oficialmente a la magistrada, que ahora cuenta con un mes para recurrir su sanción ante el pleno del CGPJ. Además de esas alegaciones, los miembros del pleno tendrán que basar su decisión en una resolución de cuarenta folios en los que la Comisión Disciplinaria, cuyos siete miembros votaron por unanimidad a favor de la sanción, desgranan casi un centenar de actuaciones reprochables de la jueza en la tramitación de los macrosumarios que dirige, como la operación Carioca, la Pokemon o la Cóndor.

El expediente se fundamenta en su mayor parte en las diferentes inspecciones realizadas por el CGPJ en el juzgado de instrucción 1 de Lugo, que lleva controlando directamente desde 2013 debido a la acumulación de macrocausas que se produjo en el mismo. Fruto de esas inspecciones se determinó, como se explica en el expediente, que Pilar de Lara tuviera un refuerzo de juez y secretario judicial de apoyo, además de otros funcionarios y medios materiales, con el fin de que ella se dedicase en exclusiva a los grandes sumarios. Ese refuerzo se prolongó durante tres años, sin que al final de los mismos hubiera en manos de la jueza ni un caso menos que al principio.

El CGPJ justifica la sanción a la magistrada por el caos, los retrasos sistemáticos y la falta de supervisión en buena parte de sus asuntos

Los inspectores repasaron sus actuaciones en buena parte de las piezas separadas de las que se componen las diferentes investigaciones, y detectaron alrededor de cien irregularidades de carácter grave, desde retrasos de años en responder o tramitar algunos escritos a periodos de más de dos años en las que las piezas se mantienen paralizadas, sin más actividad que la declaración de complejidad o de prolongación de secreto.

No se trata, razona el promotor de la acción disciplinaria, de meros retrasos puntuales o achacables a la falta de medios o la impericia de algún funcionario a las órdenes de Pilar de Lara, sino de una constante que ha sumido en el "caos" procesal buena parte de las causas y "una dejación generalizada de deberes judiciales inherentes a su condición de instructora". Esa desatención se habría extendido además a la "falta de supervisión y control" de sus propias decisiones, como las medidas cautelares a los investigados y su injustificada prolongación.

"Queda acreditada una manifiesta dejación en el ejercicio de sus exclusivas competencias judiciales", dice la comisión disciplinaria

Este comportamiento "anómalo" ha afectado "al funcionamiento ordinario del servicio público y, muy especialmente, a los derechos de los afectados por los asuntos a los que no pudo darse el pertinente trámite procesal ante la anómala e inusual forma de proceder de dicha magistrada, con directa repercusión en derechos fundamentales (no solo el más evidente, el de la tutela judicial efectiva), sino en otros que fueron restringidos por mor de la adopción de medidas cautelares cuya vigencia se prolongó pese a no existir actividad instructora real que justificara aquélla". De Lara habría permitido que esto sucediera por su "notoria y relevante desatención en el ejercicio de las funciones que, como instructora, le correspondían".

REPROCHES. Entre los reproches que pueblan los cuarenta folios de la resolución, se cuentan que no habría cumplido con su función de garantizar los derechos de los investigados recogiendo de igual modo los aspectos favorables que los desfavorables que aparecieran durante la investigación; que muchas de esas instrucciones fueran prospectivas (no partir de un delito determinado, sino investigar en bruto para ver si se encuentra algo), lo que está prohibido por la ley; la apertura de piezas sobre asuntos que estaban evidentemente prescritos, o "el desplazamiento de la actividad instructora al ministerio fiscal, dándole traslado de actuaciones sin haber practicado diligencia alguna".

"Con tal forma de actuar", reprocha la comisión disciplinaria del CGPJ, la magistrada "ha generado una pendencia de asuntos en trámite desmesurada y difícilmente asumible".

HASTA 38 MESES. Los inspectores del CGPJ detectaron una enorme cantidad de irregularidades procesales, buena parte de ellas centradas no solo en los retrasos de meses y años en contestar y tramitar los escritos por parte de Pilar de Lara, sino también en la paralización total de las instrucciones. 

Varias de las piezas analizadas de la operación Cóndor, por ejemplo, pasaron hasta 38 meses sin registrar actividad de investigación alguna, fuera de algún auto de mero trámite. 

En otros casos, según explica el expediente sancionador del CGPJ, Pilar de Lara abría una pieza separada en la que ni siquiera se determinaba el delito concreto que se iba a investigar ni se apunta a persona alguna como supuesto autor. La mayoría de estas piezas acababan siendo enviadas a Fiscalía por la propia magistrada, obligando así al ministerio público a solicitar el archivo. Otras muchas veces, se abrían diligencias por delitos ya prescritos, algo de lo que también tenía que advertir Fiscalía. Además, tardaba meses en comunicar el archivo de las causas a los afectados.
 

De testigo protegida a imputada
La carencia de control sobre los procedimientos y las irregularidades que se le achacan a Pilar de Lara incluyen episodios como el de una mujer que figuraba como testigo protegida en el caso Carioca y a la que le abrió después otra pieza como imputada, dando su nombre y apellidos.

Fuera de control
Algo que sucedió en muchos casos es que "se dictaron resoluciones por parte de la magistrada fuera del sistema de gestión procesal, y los informes que se recibieron en el juzgado no están sellados, lo que impide conocer la fecha real de la recepción".

 

El CGPJ acusa a Pilar de Lara de "abandono selectivo o interesado"...
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