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La causa contra Besteiro, pendiente de una prueba solicitada hace seis años

Besteiro. EP
Besteiro. EP
El juez y el fiscal se oponen a su petición de sobreseimiento porque Intervención del Estado no ha enviado el informe encargado en 2015

José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Diputación de Lugo y exlíder del PSdeG en Galicia, se está quedando sin tiempo para llegar limpio de sospechas judiciales a los congresos que en los próximos meses deben medir la correlación de fuerzas entre las diferentes sensibilidades de los socialistas gallegos. Sobreseídas ya las acusaciones que pesaban sobre él en el caso Garañón, la última imputación que le queda abierta es la de la operación Pulpo, en la cual ha solicitado ya el archivo. Sin embargo, el juez ha rechazado la petición porque para cerrar la investigación falta una prueba: un informe que se encargó hace seis años.

Esta investigación la inició en 2013 la jueza Pilar de Lara por un supuesto caso de mobbing laboral de un funcionario y poco a poco se convirtió en una causa sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de algunos contratos en la Diputación. La pieza original, así como varias más derivadas, ya fueron archivadas. En junio pasado, la defensa de Besteiro presentó un escrito en el que reclamaba el archivo definitivo de la causa ante el tiempo transcurrido, la falta de pruebas y el cúmulo de nulidades. Esta petición fue apoyada por otros imputados.

Sin embargo, ahora el juez que ha asumido el caso tras la sanción a Pilar de Lara, Joaquín Brage, ha emitido un auto en el que rechaza pronunciarse sobre el sobreseimiento porque no es "el momento procesal oportuno". Según razona, "aún está pendiente de acotarse definitivamente el objeto propio del procedimiento, con formación de piezas, testimonios e inhibiciones", pero, sobre todo, falta "una diligencia de instrucción pertinente, útil, idónea y necesaria".

El juez considera que "no es el momento procesal oportuno"

NO HAY MEDIOS. El magistrado Brage, que cuenta en esta decisión con el apoyo de la Fiscalía, se refiere a un informe que el juzgado solicitó a la Intervención General del Estado el 20 de julio de 2015. En el mismo, un perito del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado debe pronunciarse sobre la legalidad o no de los procedimientos seguidos para adjudicar una serie de contratos por parte de la Diputación. Cuatro años después, el 7 de julio de 2019, Intervención respondió al juzgado que "no se ha realizado hasta ahora por decisión propia en función de la limitación de medios y las circunstancias". Todavía no se ha entregado.

Ante esta situación, el juez ordena "reiterar el oficio" a la citada Intervención "para que procedan de inmediato a la designación de perito y evacuación urgente de dicho informe, debiendo informar a este juzgado del plazo que precisa el perito para ello, para su aprobación por este juzgado". Todo ello, "pese a lo prolongadísimo de esta instrucción, de cuyas dimensiones da una idea su extensión material próxima a los 27.000 folios y de una complejidad indudable para quien no ha intervenido en aquella desde su inicio".

El auto judicial incluye estos razonamientos después de reconocer que "el escrito presentado por la representación procesal de José Ramón Gómez Besteiro –ejercida por Antonio García Rojo– lleva a cabo un detallado y meritorio análisis de la causa, con unas conclusiones además, en cuanto a la concurrencia (o no) de indicios delictivos suficientes respecto de dicho investigado, que solo la acusación pública impugna y solo muy vagamente".

En estas circunstancias, Besteiro tendrá que emplear justo aquello que no tiene, tiempo. Probablemente tanto él como otros investigados presenten recursos contra este auto para restar trascendencia a ese informe después de ocho años de instrucción.

La causa contra Besteiro, pendiente de una prueba solicitada hace...
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