Los casos de Tatiana Vázquez y Ana Gómez Nieto irán a juicio este año

TODO APUNTA A que ninguna de las macrocausas que se instruyen en Lugo desde hace años, con centenares de imputados y víctimas, verá la luz judicial en el año que acaba de empezar. Al menos en su totalidad, si bien puede ser que alguna de las piezas en las que se han dividido sí sean enjuiciadas o archivadas. A cambio, sí que obtendrán un veredicto los dos casos más graves que quedan pendientes de juzgar en la provincia, ambos feminicidios: los asesinatos de Ana Gómez y de Tatiana Vázquez.

O Chamaco busca una eximente psiquiátrica
El 11 de febrero de 2016, la tragedia visitó Becerreá. Ana Gómez Nieto, una mujer de 40 años, moría al recibir el disparo por la espalda de su pareja, un hombre de 29 años llamado José Manuel Carballo Neira al que todos en el pueblo conocían como O Chamaco. Luego el homicida se echó al monte aún armado con su escopeta, hasta que por fin se entregó.

Hay pocas dudas: disparó a Ana delante de los dos hijos y de la madre de esta, momentos después de que la mujer le comunicara que iba a romper su relación. En estas circunstancias, y según lo visto durante la instrucción, la batalla que su defensa planteará en el estrado parece que se centrará en demostrar que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. De hecho, si el caso no se ha dado por cerrado antes es porque se encargaron varios informes al respecto.

Hay pocas dudas: disparó a Ana delante de los dos hijos y de la madre de esta, momentos después de que la mujer le comunicara que iba a romper su relación

Ahora, no obstante, la causa está ya en la Audiencia Provincial, aunque todavía pendiente de completar ciertos trámites meramente procesales con los que la Fiscalía pretende asegurarse de que no hay posibilidad de nulidad. Se espera, así, que en pocas semanas puedan presentarse ya los escritos de acusación y de defensa y que la Audiencia fije fecha para el juicio.

Al tratarse de una causa con preso, tiene preferencia. También juega a favor que el caso sea por el procedimiento de sumario y no de jurado, ya que O Chamaco será acusado de más delitos que el de asesinato. Es muy posible que haya una sentencia antes de mediados de año.

Ibrahima y la incertidumbre del jurado
Sustancialmente diferente es el caso del asesinato de Tatiana Vázquez, la joven que en la madrugada del 9 de abril de 2016 apareció con 54 puñaladas en su coche, aparcado en una desolada calle del polígono de Sanfiz. Un día después era detenida su pareja, el senegalés Ibrahima Ndiaye, la última persona con la que fue vista con vida y que permanece en prisión desde entonces.

Para la Fiscalía no hay dudas y en la vista oral pedirá la máxima pena posible: 25 años por asesinato y otros dos y medio por violencia habitual en el ámbito familiar. Sin embargo, el acusado no solo ha defendido en todo momento su inocencia sino que su abogado defensor está convencido de poder demostrar que las pruebas forenses acreditan que él no tuvo tiempo material de cometer el crimen.

El juicio por la muerte de Tatiana Vázquez se está retrasando por la renuncia de varios procuradores del acusado

La vista oral, por tanto, apunta a alta tensión. Y no solo por la confrontación entre las partes, sino por el hecho de que en la sala no habrá un tribunal profesional, sino un jurado popular. La experiencia con esta institución ha demostrado que el grado de incertidumbre se incrementa notablemente, entre otras cosas porque los discursos y los planteamientos de los profesionales del derecho, tanto de una parte como de otra, tienen que amoldarse a las necesidades de unos ciudadanos que se encuentran a su vez en una situación de tensión personal notable por la enorme responsabilidad.

Este juicio también debería celebrase en los primeros meses del año. Dado que la instrucción ya se dio por finalizada hace tiempo, las partes contaban con que a estas alturas ya estuviera incluso fijada la fecha de la vista, pero el envío de la causa a la Audiencia se ha retrasado por un curioso motivo: la renuncia de los procuradores que le han ido asignando sucesivamente al acusado, lo que ha impedido que los trámites siguieran su curso normal. Una vez que se solvente este problema y la Audiencia se haga cargo, se designará primero la fecha para la elección del jurado popular y, a continuación, la vista oral.

Operación Carioca: algo se mueve, pero despacio
Sustanciadas ya otras macrooperaciones surgidas durante la gran 'burbuja' judicial en Lugo, como la de las multas de Tráfico, la de Castro de Rei o el caso Campeón, en algún momento debería llegarles el turno al resto. Sea cuando sea, tampoco será este año.

Y eso que parece que algo empieza a moverse al menos en una de las que mayor fama alcanzó, la operación Carioca contra la prostitución y su relación con miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo ha hecho en buena parte gracias a la determinación del fiscal jefe, Roberto Brezmes, que puso a trabajar en el caso a casi toda su plantilla para dar impulso a las cincuenta piezas en que fue dividido este monstruoso macrosumario, que tiene alrededor de 250 tomos y unos 200.000 folios.

El trabajo combinado con el juzgado ya comienza a dar sus frutos, aunque no con la rapidez deseable en una investigación que se abrió en 2008. Los fiscales han pedido algunas pruebas complementarias en algunas piezas y en otras directamente el archivo al considerar que no hay indicios de delitos. En esta situación están al menos cinco piezas, la última de ellas una de las principales: la relacionada con el burdel Liverpool, en el que estaban imputadas seis personas, entre ellas cuatro guardias civiles.

El macrosumario de la Operación Carioca cuenta con alrededor de 250 tomos y unos 200.000 folios

Será, previsiblemente, el camino que sigan muchas otras de las cincuenta causas, teniendo en cuenta además que varias de ellas ni siquiera había imputados y que muchos de los delitos ya están prescritos. No obstante, dado que una quincena de ellas incluyen la práctica totalidad del sumario, el recorrido todavía se prevé muy largo. Difícilmente se podría apostar por que este año que empieza alguna de ellas llegue a juicio.

Pokemon: lo que pasa en Lugo, queda en Lugo
Se trata de otro clásico, la Pokemon, que en su día hizo pasar por los juzgados lucenses a políticos de toda Galicia y de media España, todos para responder por supuestas irregularidades en la concesión de contratas, en especial con el grupo Vendex. Con el tiempo, se han ido desgajando causas, que han sido enviadas a los respectivos juzgados en función de dónde se cometió el supuesto delito. Más de una quincena de ellas ya han sido archivadas por los juzgados que las recibieron, y la principal hace más de dos años que está esperando su envío a la Audiencia Nacional.

Quedan en Lugo, sin embargo, varias relacionadas directamente con contratas y políticos locales. Todas ellas tienen como principal protagonista a Francisco Fernández Liñares, aunque hay secundarios de lujo, como el exalcalde José López Orozco. Este está incluido en la investigación sobre las adjudicaciones de la grúa y la Ora, que sigue en fase de instrucción y pendiente de informes de Vigilancia Aduanera que todavía podrían dar lugar a nuevas imputaciones. Su final, por tanto, se adivina muy muy lejano.

Sí que parece mucho más avanzada la investigación que hace referencia a la actuación de Liñares como presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil

Sí que parece mucho más avanzada la que hace referencia a la actuación de Liñares como presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Es muy posible que pronto pueda haber incluso escrito de acusación, aunque eso no significa que dé tiempo a juzgarse en 2018.

Sí es más posible que se pueda ver este año a Liñares en el banquillo por la causa en la que se le acusa de blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él y para Miguel García-Gesto, su socio en Artenosa, cinco años de prisión y y una multa de 574.000 euros.

El pozo sin fondo del urbanismo municipal
Las investigaciones cruzadas en torno a las malogradas recalificaciones de terrenos en torno al Club de Golf y a la urbanización de O Garañón han puesto bajo la lupa judicial todo el urbanismo de Lugo. La complejidad es tal y los avances tan lentos, que ni siquiera es posible asegurar que en 2018 se pueda ver el final de lo único que hasta el momento ha quedado claro: la ilegalidad del edificio de las cuestas del Parque. El Concello ya asumió que debe derribarlo, pero hasta eso está parado.

Pensar en archivos, acusaciones o juicios en lo demás que afecta a estas dos macrocausas es pura fantasía. Al contrario, para el día 15 de enero hay previstas más declaraciones de políticos. El cuento de nunca acabar.

Pulpo y Cóndor, pendientes de ser troceadas
Se trata de dos operaciones unidas en sus extremos por el nexo común de Monbus, si bien la Cóndor está específicamente centrada en este grupo de transportes de viajeros y la Pulpo, en la Diputación de Lugo, con la que Monbus también tenía contratos. El secreto sumarial se acaba de renovar hace poco en ambas, con lo que está todo dicho: su trayecto será muy largo.

Todas estas causas llevan activas más de cinco años

No obstante, en la línea por la que se apuesta en Fiscalía, es muy posible que ambas operaciones se dividan en diferentes causas que puedan ser instruidas con más agilidad. De hecho, en el caso de la operación Pulpo ya existe un escrito del ministerio público desde hace meses para que se lleva a cabo dicha división, pero este ni siquiera ha sido comunicado a las partes por el juzgado.

Esta la situación con la que comienza 2018, no muy diferente a la de años anteriores, dado que todas estas causas llevan activas más de cinco años. Y lo peor es que quizás no se pueda añadir nada nuevo a principios de 2019.