Los casos de maltrato en Lugo llegan a 500 por primera vez en seis años

El 47% de las víctimas necesita protección policial y 21 agresores llevan pulseras de control en la provincia, la cifra más alta de la última década
Concentración de Ve-la luz contra la violencia machista en 2017 en Madrid.AEP
photo_camera Concentración de Ve-la luz contra la violencia machista en 2017 en Madrid. AEP

Ni disminuye, ni tan siquiera se mantiene. La problemática de la violencia de género en Lugo va en aumento y los casos activos en la provincia alcanzaron este verano los 500 por primera vez en seis años. Así se desprende de las estadísticas oficiales del Ministerio de Interior, que cifra en medio millar los casos de violencia machista activos a principios del pasado mes de junio (julio arrancó con 496 casos y a principios de agosto volvían a ser 500), una cifra que no se repetía desde febrero de 2014, cuando se contabilizaron 530 casos.

Desde entonces, las cifras han ido oscilando mes a mes, dejando patente la necesidad de dedicar medios y esfuerzos a reducir unas cifras que en ningún momento han bajado en Lugo de los 400 casos. De hecho, los mejores datos de los últimos seis años se registraron en diciembre de 2017, con 438 casos activos, una cifra poco alentadora.

Las agresiones machistas no entienden de perfiles y afectan a todo tipo de mujeres, con independencia de su nivel académico, su posición social, o su edad. De hecho, de los 500 casos activos en la provincia lucense, dos víctimas son menores de edad. Esta circunstancia -que se den casos de violencia machista entre adolescentes- revela que todavía queda mucho camino por recorrer y que la educación en igualdad de género requiere una atención prioritaria.

RIESGO. Por nivel de peligrosidad, de las 500 víctimas oficiales contabilizadas en la actualidad, un total de 266 tienen riesgo no apreciado, 180 tienen riesgo bajo, 50 tienen riesgo medio y 4 son consideradas de riesgo alto. Las mujeres que se engloban en los tres últimos grupos –que suman 234, el 47% del total– tienen protección policial, aunque también las consideradas de riesgo no apreciado tienen a su disposición el contacto de un agente de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional, al que pueden recurrir cuando lo necesiten. Además de atender y asesorar a las víctimas, este grupo detuvo a lo largo del pasado año, solo en Lugo municipio, a más de 60 agresores por vulnerar la orden de alejamiento y acercarse o comunicarse con ellas.

En algunos casos, además de la la vigilancia policial, los jueces ordenan que los maltratadores sean sometidos a un seguimiento por medios telemáticos para controlar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximarse a la víctima.

Actualmente, en la provincia de Lugo hay instalados un total de 21 dispositivos de este tipo, que consisten en un transmisor de radiofrecuencia con forma de brazalete que, si el agresor se acerca a la víctima, emite una señal que es recibida de inmediato por el dispositivo que se le entrega a la mujer, y que incorpora unos sensores que permiten detectar su manipulación o su rotura, así como la ausencia de contacto con la piel del usuario.

Las órdenes judiciales para instalar este tipo de dispositivos han ido en aumento de forma considerable. Según los datos oficiales del Ministerio de Interior, en 2019, solo había seis dispositivos registrados en el mes de agosto y el año acabó con un total de 10 brazaletes instalados. En febrero de este año, la cifra se elevó a 12; en marzo, a 13; en abril, a 15; en junio, a 17, y en julio a 21, la cifra más alta al menos desde 2010, cuando se comenzaron a publicar las cifras oficiales.

DENUNCIAS. Las denuncias por violencia de género también han ido en aumento en la provincia, pero las asociaciones de ayuda a las víctimas aseguran que revelan tan solo una pequeña parte del problema, ya que todavía son muchas las mujeres que viven aterradas y no se atreven a denunciar a su agresor.

Entre enero y marzo de este año se contabilizaron en Lugo 176 denuncias por violencia machista, frente a las 169 del mismo periodo del año anterior y las 130 del primer trimestre de 2018. En cuanto a los datos anuales, el año pasado se cerró con un total de 753 denuncias y 2018 terminó con 709, unas cifras bastante superiores a las registradas con anterioridad a 2015, cuando oscilaban entre las 500 y las 550 anuales.