El caso Pokemon, desmantelado en 33 piezas

Cada una de estas causas se derivará a los juzgados del lugar donde se cometieron los supuestos delitos
Uno de los registros efectuados en el marco de la Pokemon EP
photo_camera Uno de los registros efectuados en el marco de la Pokemon. EP

El juzgado de instrucción número 1 de Lugo acordó, tal y como decretó la Audiencia Provincial, que la pieza principal de la operación Pokemon, relacionada con el grupo Vendex, se divida en 33 causas, debido a que entiende que carecen de conexión entre ellas. Esto, en la práctica, supone el desmantelamiento de la causa, iniciada por la jueza Pilar de Lara en Lugo hace casi diez años.

El auto indica que "no puede pivotar la conexidad de las diversas causas en que en todas ellas intervenga el mismo grupo empresarial, cuando las operaciones que se tildan supuestamente de ilícitas tienen destinatarios o colaboradores diferentes". La Audiencia también advirtió en el auto que ahora ejecuta el instructor de "la práctica imposibilidad de abarcar en un solo procedimiento el enjuiciamiento de más de 250 investigados o las múltiples tramas, que supondrían la inoperancia del juicio".

Relación de investigaciones que se remiten a sus partidos judiciales - caso Pokemon

Por ello, el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, en un auto contra el que cabe presentar recurso, decreta que se deduzcan testimonios de la causa en cuanto a cada uno de los 33 hechos presuntamente delictivos para su remisión al Juzgado Decano de Lugo a fin de su reparto entre los juzgados de instrucción, entre ellos algunos de A Coruña, Ourense o Santiago, e incluso de Manacor (Mallorca).

En la causa, según consta en la resolución notificada ahora, se investigaron "unos hechos de los que, a priori, resultaba que el grupo Vendex, a partir de sus contrataciones en Galicia, pudiera haber obtenido beneficios multimillonarios, presuntamente ilícitos, a través de diversos fraudes en la contratación pública en distintas localidades de Galicia".

Los investigados, según el auto, habrían llevado a cabo, entre otras, "conductas constitutivas de otros varios delitos contra la administración pública, por medio de la corrupción supuestamente de funcionarios y cargos públicos, mediante, entre otras actividades, entregas de dinero en efectivo, dádivas o regalos, contratando personal recomendado por tales funcionarios o cargos públicos o gestionando retirada de multas, mediante donaciones ilegales a partidos, etc.". En ocasiones, además, "se habría llevado a cabo un presunto blanqueo de los beneficios obtenidos de tales actividades presuntamente delictivas".