LUGO. El grupo municipal del BNG lanzó el lunes un ultimátum al gobierno de Lara Méndez: o retira el borrador de ordenanza de civismo antes de que acabe el mes o la formación nacionalista no apoyará ninguna otra iniciativa del PSOE, porque quedará claro lo «antagónicos» que son sus modelos de ciudad. El BNG cree que la ordenanza atenta contra el movimiento cultural y asociativo lucense y contra las personas con menos recursos.
En realidad, el documento ya está en el cajón, puesto que fue presentado a los grupos políticos en primavera y, a pesar de que algunos hicieron alegaciones, el gobierno local no volvió a dar ningún paso de cara a llevar la propuesta a pleno. Y eso que el PP se ofreció a darle el apoyo necesario, ya que sugiere solo algunos cambios, que a priori no serían difíciles de aceptar por el gobierno socialista. Las alegaciones que hace Cs son de bastante más calado y pretenden corregir la filosofía «represora e punitiva» de la norma, pero la formación tampoco rechaza un documento con normas básicas que favorezcan la convivencia.
El ultimátum del BNG llegó el mismo día en que el PP pedía más bien lo contrario: herramientas que ayuden a controlar el espacio público. Propone que se estudie la implantación de videovigilancia «en localizacións estratéxicas e en edificios públicos para garantir a seguridade dos cidadáns e do patrimonio, como se fai noutras capitais europeas», afirmó el portavoz local, Antonio Ameijide.
No es la primera vez que los populares plantean este tipo de medidas —aunque, en el pasado, también mostraron su rechazo a «unha cidade vixiada», en palabras del exportavoz Jaime Castiñeira— y ahora las vuelven a plantear, a raíz del acto de vandalismo que sufrió la fuente de San Vicente, en la Praza do Campo. El fin de semana, varias personas se subieron y bailaron sobre la escultura, una pieza que ya fue seriamente dañada en 2016. El PP cree que hay antecedentes que justifican la instalación de cámaras en ese emplazamiento, ya que se trata de un monumento «de incalculable valor, non só arquitectónico senón tamén sentimental, xa que está situado nunha das prazas máis emblemáticas do casco histórico», afirma Ameijide.
ACCIONES. El PP se suma a la petición del colectivo Lugo Monumental y, a mayores, pregunta al gobierno local si ya identificó a las personas que se subieron a la escultura y pide que les aplique «a lei con todas as consecuencias». Asimismo, el principal partido de la oposición reitera la necesidad de reactivar las cámaras de videovigilancia del polígono de O Ceao, que llevan varios años apagadas porque el Concello no consiguió renovar el permiso que debe otorgar la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Galicia al no justificar adecuadamente la necesidad de mantenerlas encendidas.
La instalación de cámaras para mejorar la seguridad ciudadana y para prevenir y perseguir los ataques al patrimonio es una herramienta que el gobierno local no desdeña, al menos de palabra. Ayer reiteró que está elaborando el expediente para solicitar permiso para conectar las cámaras de O Ceao y, sobre la propuesta del PP para otros emplazamientos de la ciudad, indicó que la estudiará. El año pasado, tras los sucesos de la fuente de San Vicente ya indicó que esa opción estaba sobre la mesa.
La forma de abordar el espacio público mantiene dividida a la corporación municipal. Cs tampoco manifiesta un rechazo frontal a la videovigilancia, pero hace muchos matices. A través de su gabinete de comunicación, explicó que para apoyar una medida así tiene que estar muy justificada. «Depende do elemento a protexer e ten que cumprir coas normas legais. Non se trata de sementar cámaras indiscriminadamente e de gravar o aire», afirma Cs.
Por la contra, Lugonovo, BNG y Ace-EU abogan por más vigilancia policial y por acciones de sensibilización de la ciudadanía tanto a la hora de respetar el patrimonio como a las personas.
El reparto de fuerzas es muy similar en el debate sobre la ordenanza de civismo, una norma que ya el exalcalde José López Orozco optó por guardar en el cajón y que el actual gobierno volvió a poner sobre la mesa. La propuesta actual tiene un carácter coercitivo mayor que la de entonces, ya que plantea sancionar conductas como acciones para lograr donativos, dormir en bancos públicos, practicar sexo en vehículos a la vista de personas o ejercer la prostitución en pisos.
FILOSOFÍA. Cs cree que esa filosofía «punitiva» se debe a que el borrador fue elaborado fundamentalmente desde el área de la Policía Local, con el fin de dotarse de herramientas legales para atajar conductas que suelen ser motivo de queja de parte de la ciudadanía, como la petición de dinero por aparcar (gorrillas), la ocupación de espacios públicos por personas marginales o el ejercicio de prostitución en A Tinería.
Cs ve necesario establecer algunas normas para mejorar la convivencia pero presentó numerosas alegaciones para dar a la ordenanza una filosofía más «social» y menos «punitiva». En cambio, Lugonovo, BNG y Ace-EU rechazan de plano esta norma. La consideran innecesaria, anacrónica, desproporcionada y represiva y manifiestan su apoyo a la Plataforma Lugo sen Mordazas, que surgió para intentar frenar la ordenanza.
La manifestación que organizó hace unos días mostró que el rechazo a la propuesta municipal es amplio, otro motivo por el que parece difícil que el gobierno vaya a seguir adelante con ella, al menos antes de las elecciones.
