El Concello sigue sin reponer la legalidad en un tramo de la calle Flor de Toxo, que fue construido en el año 1999 sobre una finca particular para unir esta vía con Monte Cadramón, en las inmediaciones de la gasolinera San Rafael. El vial fue encargado durante el último mandato del PP al frente del Concello y en el año 2014 el gobierno socialista anunció su intención de eliminar este trazado tras estimar un recurso del propietario por ocupación ilegal de la finca.
Sin embargo, nada se avanzó desde entonces para legalizar el tramo, ya que ni fue levantado el asfalto que ocupa el solar ni se llegó a un acuerdo con los propietarios de la finca para la cesión de terreno ni tampoco se modificó el PXOM para incluir el trazado.
El gobierno local asegura que en la actualidad el caso de esta calle ilegal está siendo analizado por la asesoría jurídica municipal, que baraja la posibilidad de que los derechos de la propiedad sobre la parte del solar ocupado hayan prescrito, ya que la primera reclamación data del año 2009.
Sin embargo, el ejecutivo admite que en su día se habló con los dueños de la posibilidad de que fuese cedido el terreno al Concello y, a cambio, este acometiese el vallado perimetral del resto de la finca para evitar que se convirtiera en un vertedero incontrolado. Esta posibilidad habría quedado en suspenso porque la actual propietaria de la finca, que tendría que asumir la obra de vallado y después reclamarle ese importe al Concello, renunció a esta opción al alegar que no tenía capacidad económica para realizar ese gasto.
Al margen de esta negociación, desde el área de Urbanismo tampoco se dieron pasos estos años para una modificación del PXOM que incluyese el nuevo vial.
En 2014, cuando se anunció que iba a ser demolido el tramo de calle, se explicó que la finca sobre la que se asienta la calle estaba catalogada como suelo urbanizable no programado, por lo que para trazar un vial sería necesario desarrollar los terrenos colindantes.
Acometer esta actuación implicaría poner en marcha un proyecto de urbanización de la zona y la complejidad y el coste que ello iba a suponer fue lo que decidió entonces al gobierno local a estimar la reclamación del propietario y optar por el proceso para restituir los terrenos a su estado original.
La construcción de este tramo de calle sobre un finca particular fue usado en ese momento por el PSOE para atacar la forma de actuar de los ejecutivos del PP, aunque aún sigue sin restituirse la legalidad en la finca.
