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Blanco reclama 232.000 euros a Justicia por daños causados por Pilar De Lara

Fernando Blanco. X. PONTE
Fernando Blanco. X. PONTE
El exconselleiro del BNG recuerda que estuvo 7 años imputado y que la jueza fue sancionada

Los efectos de la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Pilar de Lara, suspendida en sus funciones durante siete meses y con pérdida de destino, ya se empiezan a notar. Cuando todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre la petición de la magistrada de que suspenda cautelarmente la sanción, Fernando Blanco ha presentado una reclamación ante el Ministerio de Justicia en la que reclama daños y perjuicios por la actuación de Pilar de Lara en la instrucción que siguió contra él durante siete años. Solicita que se le paguen 232.528 euros.

Su caso fue, por tanto, uno de los investigados por los inspectores y se tomó en cuenta para decidir sobre la sanción a la magistrada

Hay que recordar que la queja presentada por exconselleiro del BNG ante el CGPJ fue una de las claves para que este órgano actuase y procediera a expedientar a la magistrada por una falta muy grave de desatención del juzgado, con retrasos y paralizaciones que en algunos asuntos pasaban de los dos años, así como por el "olvido selectivo" de unos casos en beneficio de otros, dentro de un caos general de tramitaciones. Su caso fue, por tanto, uno de los investigados por los inspectores y se tomó en cuenta para decidir sobre la sanción a la magistrada.

Ahora, Xoán Antón Pérez Lema, letrado de Fernando Blanco, ha presentado ante Justicia un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, al considerar al expolítico víctima de unas dilaciones indebidas achacables directamente a un funcionamiento anormal de la administración de Justicia. "Nos encontramos", argumenta Pérez Lema en el escrito, "ante la desatención, el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación y resolución del proceso".

LARGUÍSIMA INSTRUCCIÓN. El escrito recuerda que las diligencias contra Fernando Blanco se abrieron a principios de 2012 por las acusaciones sobre supuesta corrupción realizada por Jorge Dorribo, entonces en prisión. Durante la larguísima instrucción, que estuvo parada durante muchos periodos, no se encontró ni un indicio de culpabilidad, pese a lo cual Pilar de Lara se negó a sobreseerla. Lo hizo, además, sin haberse molestado siquiera en responder las peticiones de la defensa, que finalmente se vio amparada por la Audiencia Provincial, que ordenó cerrar el caso por la falta de pruebas en 2018.

A la hora de valorar el daño, el escrito describe que Fernando Blanco dimitió de sus cargos políticos en ese momento para no perjudicar a su partido el BNG. Lo hizo en pleno "auge" de su carrera política y durante años se vio sometido a la "pena de telediario". Por todo ello, estima que "la indemnización que corresponde por el daño moral causado" al políticos se sitúa en 220.000 euros.

A esta cantidad se añade además el daño material, derivado de las facturas de los abogados y procuradores a las que tuvo que hacer frente el exconselleiro para defenderse en este largo proceso. Esas facturas, que acompañan al escrito de reclamación, ascienden 12.528 euros, lo que hace un total de 232.528 euros.

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