La defensa de José Manuel Gómez Besteiro en el caso Garañón va a solicitar la recusación de la jueza instructora, Pilar de Lara, por su supuesta parcialidad a la hora de dirigir este caso. Lo hace basándose en la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sancionar a la magistrada por una falta muy grave con siete meses y un día de suspensión y la pérdida de destino.
El letrado Cándido Conde-Pumpido considera que, tras ser sancionada por la comisión disciplinaria del CGPJ, debió ser ella la que se inhibiera, ya que esa sanción le fue impuesta por la denuncia de una de las partes imputadas, el exalcalde José López Orozco, y por la presión y reiteradas denuncias públicas ejercidas por el propio Besteiro, que incluso llegó a solicitar la recusación anteriormente, sin éxito.
Según razonan tanto el abogado del expresidente del exsecretario general del PSdeG como el de Orozco, Gregorio Arroyo, Pilar de Lara habría incurrido de lleno en uno de los motivos de recusación incluidos en la ley del Poder Judicial: "Haber sido sancionada disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes".
Sin embargo, Arroyo, cuya denuncia contra Pilar de Lara ante el CGPJ sí forma parte oficial de la investigación que ha terminado la sanción a la jueza, señaló que en su caso prefieren esperar a que dicha sanción le sea comunicada a la jueza y sea esta la que voluntariamente se aparte de la instrucción. Mientras, Conde-Pumpido ha decidido pasar a la acción, ya que en su opinión la magistrada debería haberse inhibido ya en abril pasado, cuando la comisión disciplinaria confirmó la sanción y sin esperar a que el pleno del CGPJ la ratificase.
En lugar de ello, Pilar de Lara no solo no dejó la instrucción en otras manos, sino que justo en la víspera de que el pleno del CGPJ votase sobre su expediente hizo público el auto sobre el caso Garañón, en el que imputaba a Besteiro hasta siete tipos delictivos diferentes y proponía también el procesamiento de Orozco. El abogado Conde-Pumpido cree que este hecho, unido a la polémica tramitación de una causa que dura una década, "no ya solo denota la pérdida de imparcialidad que es evidente desde la sanción, sino que esta parte tiene el convencimiento de que esa imparcialidad no existió nunca".
LÍMITE DE TOLERANCIA. En su escrito, el letrado de Besteiro recuerda que todos los motivos por los que el CGPG le ha impuesto la sanción, como la realización de investigaciones prospectivas -expresamente prohibidas por la ley-, el "olvido selectivo" de algunos asuntos o los retrasos injustificados -algunos de más de un año- en la tramitación de los recursos ya habían sido expuestos por él a lo largo de la instrucción, por lo que considera que está legitimado para solicitar la recusación.
"Esta defensa manifiesta haber llegado a su límite de tolerancia máximo con las actuaciones de esta instructora durante más de una década de irregularidades", señala, y llega a asegurar que la decisión de imputar a su cliente en este asunto cinco años después de iniciada la investigación se hizo de manera deliberada para que no fuera nombrado senador por Galicia cuando aún era el líder del PSdeG. "Ha demostrado", prosigue, "una parcialidad inusitada en sus valoraciones... dictando resoluciones en busca del mayor daño posible y destrozando vidas y carreras de personas".
