La revisión de los bienes inmatriculados por la Iglesia en la provincia de Lugo no ha encontrado peros. El proceso de revisión realizado por la Conferencia Episcopal a instancias del Gobierno y llevado a cabo a partir de un informe realizado por los Registros no ha localizado errores en un listado de propiedades que va mucho más allá de templos y en la provincia de Lugo incluye, por ejemplo un buen catálogo de fincas rústicas.
La diócesis de Lugo inmatriculó 1.421 bienes en el periodo comprendido entre 1998 y 2015 cuando una orden del Gobierno facilitó el registro de propiedades a la Iglesia. El obispado lucense realizó en ese periodo el grueso de los 1.455 registros de bienes que tiene a su nombre.
A los inmatriculados por ese procedimiento que abrió el Gobierno se suman 34 bienes por otras vías de adquisición.
Entre estos figuran muchas fincas rústicas, también algún piso, como uno situado en Taboada, o un terreno en la parroquia de As Gándaras, en la capital, donde se reseña que "existe una edificación destinada a uso religioso, de dos plantas, planta de semisótano y planta baja".
En tanto, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol realizó 52 inmatriculaciones en ese periodo de entre 1998 y 2015. Son una parte relativamente menor de las 182 propiedades que tiene registradas ese obispado. En el informe se le atribuyen otras seis propiedades inscritas de las que el obispado no tiene conocimiento, señala.
Todo el proceso está, no obstante, aún en proceso de revisión. El econónomo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol destacaba este martes, a modo de ejemplo, que en el registro facilitado por el Gobierno se atribuye a ese obispado un bien en Narón que la propia Iglesia no tiene localizado, ya que en el listado que se les hizo llegar no figuran direcciones o referencias catastrales.
En la relación de bienes inmatriculados por los obispados al amparo del proceso que facilitó el Gobierno entre 1998 y 2015 figuran sobre todo iglesias, capillas, casas rectorales y cementerios, además de fincas.
Pero hay otros muchos bienes, algunos registrados mucho antes y otros después. A modo de ejemplo, en la diócesis de Mondoñedo explicaban sobre el hecho de que en el registro aparece un piso y locales en la calle Congostra de Foz que esa propiedad en realidad es consecuencia de un desarrollo urbanístico. La Iglesia tenía terrenos allí y, como otros propietarios, hizo una permuta con un promotor y ese acuerdo llevó a que tenga propiedades en los edificios construidos en la zona a cambio del suelo que cedió.
En otros casos, las diócesis aparecen como titulares de fincas que son resultado de concentraciones parcelarias y ha sido la Administración la que, al acabar el proceso de reordenación de terrenos rústicos, ha inscrito ciertas propiedades a nombre de la Iglesia.
En la provincia aparecen bastantes fincas registradas a partir de esos procesos y esa circunstancia se da en buena parte de los municipios de la provincia.
ERRORES. Por otra parte, más allá de que pueda llegar a haber reclamaciones, el informe evidencia algunos errores de registro, pero en la Iglesia dicen que no son fallos atribuibles a que ellos hicieran las cosas mal, sino al mero hecho de que en los registros de la propiedad faltan datos para la identificación de fincas que se atribuyen a la Iglesia. Así, al caso de esa finca sin identificar en Narón que se atribuye a la diócesis de Mondoñedo se suman varias propiedades más de la de Tui, como la capilla Valladares, en Vigo, o cuatro terrenos más en esa ciudad.
En algunos casos, en cambio, el informe del Gobierno atribuye a la Iglesia propiedades de la que no es dueña, en algún caso por haber sido vendidos, donados o expropiados. Ese es el caso incluso de algún cementerio o capilla que quedó hace muchos años sumergido bajo algún pantano.
Hay también casos de errores en la inscripción y un caso en Galicia es el de una casa rústica atribuido a la diócesis de Astorga en O Barco de Valdeorras.
En tanto, no hay en la provincia de Lugo ninguna propiedad que fuera inmatriculada a nombre de comunidades religiosas durante ese periodo revisado.
Dado ese tipo de problemas, el obispado hará el registro, pero el proceso será más complejo ahora que con el sistema que facilitó esos registros entre 1998 y 2015.
El proceso abierto en 1998 que facilitó a la Iglesia la inmatriculación de bienes lleva años en el candelero y fue cuestionado desde muchos ámbitos. Los obispados, en tanto, dicen que antes el registro de bienes era muy difícil para la Iglesia, dada la antigüedad de muchos bienes, como los templos, sin ir más lejos. Aunque la titularidad no se discutiera, el proceso de registro estaba plagado de dificultades a la hora de regularizar la titularidad, apuntan.
