La Guardia Civil destruyó en 2018 en la provincia de Lugo unas 1.200 armas de fuego de origen ilícito, lo que supone más de una cuarta parte de las 4.500 que fueron eliminadas por este cuerpo en Galicia. A Coruña se llevó la palma con 1.700 y Ourense y Pontevedra, 800 cada una.
Más de la mitad de ese arsenal que fue destruido el año pasado en la provincia de Lugo, unas 700, eran armas largas (escopetas y rifles), un centenar eran cortas (pistolas y revólveres) y las 400 restantes de otro tipo.
Estas intervenciones de la Benemérita se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suman al programa de acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.
El instituto armado fundado hace 175 años facilitó ayer estos datos coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.
Desde 2013 este cuerpo ha eliminado más de 430.000 en toda España, de ellas unas 50.000 a lo largo del año pasado.
La Benemérita tiene la competencia en materia de armas y explosivos con el fin de evitar su proliferación y como medida de prevención para dificultar la acción de los malhechores.
Para poder utilizar armas es preciso cumplir una serie de requisitos, según recoge el reglamento vigente, entre los que figuran la carencia de antecedentes penales, así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo de las mismas.
La normativa establece que las armas de fuego tienen que ser inutilizadas o destruidas para evitar que puedan ser empleadas indebidamente cuando el propietario deje de tener derecho a su tenencia y uso.
Su inutilización está regulada desde 2011 por una normativa "muy severa", según apunta la Benemérita, que añade que el arma es "sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento".
¿CUÁNDO SON INTERVENIDAS? La Guardia Civil se encarga de llevar a cabo, periódicamente, la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas.
Algunas de estas armas eliminadas fueron empleadas en ilícitos, penales o administrativos, por lo que tras el correspondiente procedimiento se determina su destrucción. Otras lo son cuando cesan sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no fueron adjudicadas en subastas.
Las armas son reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.
