La polémica sobre el retraso en la instalación del alumbrado navideño volvió ayer a ser actualidad durante la comparecencia en el pleno de la concejala del cultura, Carmen Basadre, que pidió el PP para que explicase las causas de que Lugo disfrutase 15 días menos de los contratados de esa iluminación ornamental. Aunque algunos grupos de la oposición consideraron ya extemporáneo el debate, la sorpresa saltó cuando la edil socialista argumentó que su área había realizado con previsión el trabajo y descargó el retraso de la tramitación en el área de economía que dirige Ana Prieto.
Basadre explicó que los funcionarios de cultura entregaron el 3 de agosto en el servicio de contratación los pliegos para licitar el alumbrado navideño de forma conjunta con el de San Froilán, aunque hasta el día 20 no se les informó de que por primera vez tenían que hacer una valoración económica del contrato. Añadió que pese a carecer de personal cualificado para ese cometido, reenviaron ese día la documentación, ya por separado para no poner en peligro la iluminación del San Froilán. "Non sei o que pasou ata o 22 de outubro que nos din en contratación que había que facer un novo prego simplificado", indicó la edil en alusión al contrato de las luces de Navidad, que finalmente fue publicado en el boletín oficial el 24 de octubre. "Desde cultura mandouse todo en tempo e forma", zanjó Basadre, quien alegó que en contratación "terían máis pregos que sacar e algún tivo que quedar, e sería o das luces de Nadal".
El portavoz del PP, Antonio Ameijide, dio por buenas las explicaciones de la concejala de cultura, aunque trasladó sus críticas al área de economía y se preguntó que pasó para que el asunto estuviese parado cuatro meses en contratación. "Algo fallou estrepitosamente no goberno", comentó el edil popular, quien instó a la concejala a no pagar por los días en los que no se disfrutó del alumbrado. Basadre le replicó que firmará las facturas que vengan conformadas por los técnicos municipales.
La corporación aprobó además el pago de facturas correspondientes a contratos caducados por importe de casi 500.000 euros, entre ellas varias de la empresa que gestiona el ciclo del agua y de la concesionaria de la grúa municipal, cuyos trabajadores ya cobraron nóminas atrasadas.
