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El Santander anula la subasta de O Garañón y el Concello negocia para comprar los terrenos

Torres de O Garañón, que serán derribadas. AEP
El plan es crear una zona verde en este lugar y la administración asegura que trabaja para "preservar lo máximo el interés público"

La subasta de la parcela de O Garañón, convocada por el juzgado de Ourense que lleva el proceso concursal del que fue dueño de la misma, Ricardo Iglesias Paredes, fue cancelada hace unos días a petición de la parte ejecutante, el Banco Santander.  De forma paralela, el Concello, que sería el principal interesado en hacerse con la parcela, reconoce que existen conversaciones para materializar su proyecto de crear una zona verde en este lugar.

La entidad bancaria es el principal acreedor de Iglesias, a quien en su día concedió una hipoteca para construir en ese lugar. Como es sabido, el proyecto urbanístico resultó fallido, después de que las licencias de urbanización de los terrenos y de edificación de las dos torres que empezaron a construirse fueran anuladas por el juzgado. Este también acabó tumbando el planeamiento urbanístico que había aprobado para esta privilegiada zona de la ciudad.

El Banco Santander había pedido la subasta pública de la parcela de O Garañón por 10,6 millones de euros

El actual gobierno local decidió dar un giro de guion ya en el anterior mandato, y renunció a seguir recurriendo las sentencias judiciales, de tal forma que no solo derribará las torres sino que ha apostado por modificar el PXOM en esta zona para eliminar la edificabilidad que tenía asignada y dejarla como espacio verde, prolongando así el parque Rosalía de Castro y las cuestas.

El gobierno local mantiene discreción sobre los pasos que está dando para hacerse con los terrenos (3.662 metros cuadrados). Asegura que "nunha ha dejado de mantener el contacto» con la otra parte y admite que hay conversaciones para tratar de buscar soluciones a los distintos frentes que hay abiertos en este caso «preservando siempre lo máximo posible el bien público".

Esta era la segunda vez que la finca salía a subasta, tras un primer intento en una puja notarial en la que el terreno salió por seis millones de euros, sin que recibiera ninguna oferta. Esta vez el precio era de 10,6 millones de euros, aunque el objetivo es, lógicamente, pagar lo menos posible por ella. El Banco Santander no se ha manifestado, pero en buena lógica su interés también sería deshacerse de un bien al que, al quedarse sin edificabilidad, no podrá sacar ningún rendimiento y cuya venta no solo le permitiría recuperar liquidez, aunque sea menor al valor que tuvo en su día, sino también el depósito en el Banco de España al que se está obligado cuando existe un crédito.

El Concello no solo tiene que hacerse con la propiedad de la parcela para ejecutar su proyecto, sino que debe derribar las torres que quedaron a medio construir, para lo que se necesita un proyecto técnico y un proceso de licitación de la obra, ya que el coste está estimado en cerca de un millón de euros.

Asimismo, la administración tiene que cumplir otros requerimientos judiciales, como la revisión del PXOM, ya que el plan está anulado en ese lugar. Este trabajo se aprovechará para cambiar la calificación del suelo y dejarlo como zona verde. Ya está encomendado a un gabinete de arquitectura de la ciudad, pero aún está en fase bastante inicial.

Y, por último, el Concello afronta una reclamación patrimonial del promotor, que ha ido a la quiebra, por lo que el dinero, de perder el pleito la administración, sería para los acreedores. La demanda presentada por Iglesias es de unos 15 millones de euros, aunque ya recogía la posibilidad de elevarla a unos 26 millones de euros si se materializaba la voluntad del Concello de dejar la parcela sin edificabilidad, por conceptos como daño y lucro cesante.

Hace unas semanas, la alcaldesa aseguró que, según la tesis del servicio jurídico del Concello, la administración podría no tener que pagar indemnización alguna, o al menos no la cantidad que se le reclama. Un hipotético error procedimental del demandante podría ser una baza para ello.

La batalla judicial de vecinos de la zona por el impacto visual de las torres está en el origen del fracaso de este proyecto urbanístico, que después fue objeto de una investigación penal que acabó archivada pero que antes supuso la destrucción de varias carreras políticas.

En duda la legalidad del convenio

Otra posibilidad para intentar librar a las arcas públicas de la hipoteca que puede suponer O Garañón es que el Ayuntamiento intentara anular en el juzgado el convenio que la administración firmó con el promotor en tiempos del alcalde José López Orozco y del concejal de urbanismo José Ramón Gómez Besteiro.

Esta opción parece difícil que se plantee, por la carga política que tendría, pero es una vía que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dejó abierta en su sentencia sobre el PXOM, en la que anuló la parte del planeamiento relativa a O Garañón.

El TSXG pone en duda la legalidad del convenio porque sostiene que no quedó suficientemente justificada la renuncia del Concello al aprovechamiento urbanístico del 10% al que le correspondía por ley. El gobierno municipal renunció a este en una negociación en la que el promotor aceptó perder parte de la edificabilidad que tenía concedida por el PGOU de 1991, pero trasladando parte de la restante a la zona más alta de la parcela, la más rentable. Y también donde los edificios tenían mayor impacto visual.

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