El Ayuntamiento de Lugo informa de que ha decidido traspasar a la Xunta 1.035 sanciones vinculadas con las medidas anticovid tramitadas antes del 26 de febrero "sen ter competencias para facelo". Recuerda que no es hasta esa fecha cuando se modifica la Lei de Saúde, habilitando a las administraciones locales para sancionar por el incumplimiento de las restricciones de la pandemia. Por tanto, los expedientes que ahora remite a la Xunta fueron abiertos entre el 1 de septiembre de 2020 y el 26 de febrero de 2021.
Admite que, de esos 1.035, unos expedientes se encuentran caducados y otros finalizados y son "os susceptibles de ser sobreseídos e arquivados" por la falta de competencia sancionadora del Concello. Pero, como ninguno de ellos ha prescrito todavía, "se impón a obriga de darlle traslado das actas á autoridade competente para unha nova incoación e sanción".
Es decir, el Concello —que siempre insistió en que no tenía competencias para multar en ese ámbito y recuerda que ahora hay varias sentencias que avalan esa misma postura— se desentiende de esas sanciones y deberá ser la Xunta la que reabra esos expedientes y emita las sanciones.
Además, el Ayuntamiento también reclama los costes que le supusieron tramitar esas sanciones, ya que recuerda que tuvo que "contratar a unha empresa de apoio ante a insuficiencia de medios técnicos e de recursos humanos propios para asumir este cometido".
Calcula que asumir esa tarea se tradujo en un gasto de más de 41.000 euros, a razón de 40 euros (más Iva) por cada una de las actas tramitada.
