Un abogado lucense, Pablo Lozano Pardiño, continúa ejerciendo como letrado a pesar de que actualmente se encuentra inhabilitado y no está dado de alta en ningún colegio profesional. La actuación de esta persona preocupa desde hace tiempo al colectivo, hasta el punto de que el Colegio de Abogados de Lugo comunicó por escrito a todos los juzgados de la provincia que Pablo Lozano no está habilitado para realizar ningún tipo de trámite como letrado, ya que cualquier actuación o acuerdo serían nulos.
El colegio profesional le abrió expediente a este letrado tras recibir al menos cuatro denuncias de particulares, a los que supuestamente engañó. El órgano trasladó los casos a la Fiscalía y finalmente tramitó la baja de Lozano por no pagar las cuotas obligatorias.
Aun así, el hombre —que tuvo su despacho en varias ubicaciones distintas, como en la Rúa da Raíña o en la Rúa Vilalba— continúa ejerciendo y en ocasiones son sus propios compañeros quienes lo ven en el juzgado con algún cliente y alertan a los funcionarios para que no le permitan actuar.
Aun así, Pablo Lozano continúa sin darse por enterado y este jueves intentó defenderse a sí mismo en un juicio contra él que se iba a celebrar en el Penal 1, pero tampoco se lo permitieron por estar inhabilitado, por lo que la vista se suspendió. Según explicaron desde el Colegio de Abogados, como licenciado en Derecho, el acusado podría haber solicitado una habilitación puntual para esa vista, pero ni tan siquiera la pidió.
En el juicio fijado para este jueves, Lozano estaba acusado de deslealtad profesional, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, y uso de documento falso, por engañar a una clienta y confeccionar él mismo la sentencia de un caso de incapacidad que nunca tramitó.
Lozano afronta seis años de cárcel por simular él mismo una sentencia de una demanda de incapacidad que no llegó a tramitar
El fiscal alega que, en octubre de 2012, la denunciante contrató al acusado para que le reclamara una declaración de incapacidad permanente frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El INSS denegó la solicitud y la afectada le encargó a Lozano que emprendiera acciones legales por vía judicial para recurrir la resolución denegatoria. El abogado aceptó el trabajo y le dijo a la mujer y a su hijo que había presentando la demanda ante los juzgados de lo Social de Lugo, pero no lo hizo.
Aun así, mintió a la familia durante más de tres años y finalmente les dijo que habían declarado a la mujer en situación de invalidez permanente y que tenía derecho a una pensión equivalente al 55% de la base reguladora. Además, le contó que el INSS había recurrido el fallo ante el TSXG, que había desestimado el recurso.
Como la familia no recibía pensión, le pidió explicaciones a Lozano, quien les dijo que ya había hablado con el INSS para que iniciaran inmediatamente el pago. Incluso le pidió a la clienta que comprobara a diario los movimientos de su cuenta, por lo que la mujer fue a la sucursal bancaria durante 20 días seguidos, en noviembre de 2016. Además, para apoyar su mentira, el abogado confeccionó un documento simulando ser una fotocopia de la supuesta sentencia del TSXG.
Por este caso, el fiscal solicita para Pablo Lozano año y medio de cárcel y multa de 12.000 euros. La acusación particular pide seis años y medio de prisión y 21.600 euros de multa. Además, exige 50.000 euros de indemnización para la afectada, a la que Lozano le aconsejó incluso que dejase de cotizar a la Seguridad Social.
