La suerte jugaba últimamente a favor de Eloy Castro -investigado entre otros delitos por el caso Autocentrum y la usurpación de la marcha John Deere-, ya que las últimas sentencias judiciales le daban la razón. En mayo de 2017 era absuelto de estafa y apenas un año más tarde volvía a salir indemne de otra denuncia similar.
Sin embargo, el camionero que lo llevó al juzgado en este último caso recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial de Lugo inclinó la balanza a su favor, poniendo fin a la inmunidad de Castro. La Sala Provincial revoca la sentencia absolutoria dictada por el Penal número 2 de Lugo y le impone un año y nueve meses de prisión.
El tribunal considera probado que el acusado anunció en internet la venta de una cabeza tractora marca DAF, fabricada y matriculada en 2007 y con 412.000 kilómetros. En el anuncio se enumeraba todo el equipamiento del vehículo, así como los extras y una garantía de dos años en toda Europa.
Eloy Castro vendió un camión al denunciante con 450.00 kilómetros cuando a él se lo había vendido un particular con 720.000
En el mes de enero de 2012, un camionero gaditano se puso en contacto con el acusado y cerraron la venta del vehículo por un precio de 30.680 euros. "Me desplacé a Lugo", explicó el hombre en el juicio, "y me metió mucha prisa para que le entregara una fianza de 500 euros porque dijo que tenía a su padre ingresado en el hospital. Además me dio solo cinco días para que le ingresara el dinero porque había más gente interesada en el camión. Yo le pagué y me dijo que me llevaba el camión al concesionario de MAN en Madrid. Tardó más de un mes y al final me llamó y me dijo que me lo habían dejado en una gasolinera con las llaves escondidas en la batería".
El hombre explicó que el camión marcaba 450.000 kilómetros, pero no le dio importancia porque la diferencia con lo que de decía el anuncio no era demasiada. Sin embargo, observó que no tenía los extras que se anunciaban. Además, cuando llevó el vehículo a una revisión, en el mes de marzo, se enteró de que el tacógrafo estaba manipulado y se puso en contacto con el anterior dueño del vehículo. Según declaró esta persona en la vista, le vendió el camión a Eloy Castro con 720.000 kilómetros.
El acusado, por su parte, aseguró que el denunciante vio un camión anunciado en internet, pero cuando se trasladó a Lugo escogió otro, que tenía más kilómetros. Castro insistió en que había un contrato firmado en el que el comprador reconocía que el camión tenía 720.000 kilómetros, así como varias taras, y exoneraba al vendedor de cualquier tipo de responsabilidad. El camionero, sin embargo, aseguró que nunca vio ese contrato y que la firma que figura en el mismo no es la suya. "Yo jamás compraría un camión con esos defectos y esos kilómetros, y menos por un precio tan elevado. Yo lo necesitaba para trabajar. ¿En que cabeza cabe eso?", declaró.
SENTENCIAS. El Penal 2 absolvió al acusado al entender que el comprador tenía que haber demostrado que falsificaron su firma. "No se ha practicado ninguna prueba pericial caligráfica que hubiera podido corroborar las manifestaciones del denunciante. Falta de prueba que no puede perjudicar al acusado", apuntó.
El tribunal lucense fijó la pena teniendo en cuenta su forma "torticera" de actuar y su "trayectoria delictiva previa"
La Audiencia, sin embargo, cree al denunciante y alega que el vehículo fue vendido al acusado ya con 720.000 kilómetros y que "la única conclusión racional" es que "fue Eloy Castro, u otra persona por su orden, la que manipuló el kilometraje del vehículo".
La sala entiende que, según las facturas de reparación y los documentos de la ITV, sería "imposible" que el comprador tuviera conocimiento del verdadero kilometraje del camión, "salvo que se pretenda sostener, en un razonamiento que repugna al raciocinio, que fue el propio comprador el que hizo la manipulación, o incluso que tenía conocimiento de que el vehículo sufría importantes defectos". Así, concluye que la versión de Eloy Castro resulta "inverosímil", al margen de que los documentos que aportó pudieran estar firmados por el denunciante, "cuestión que no resulta tan trascendente por la propia manera de actuar del acusado", dice.
El fiscal pedía inicialmente 30 meses de prisión y la Audiencia le impone 21, "teniendo en cuenta el importe de lo defraudado, superior a 10.000 euros; lo torticero de la metodología desarrollada por el acusado, y su trayectoria delictiva previa". Eloy Castro también tendrá que indemnizar al afectado.
