La operación Pokemon, la macrocausa iniciada en 2011 para investigar las irregularidades en las concesiones de obras públicas por toda Galicia y parte de España, tiene, diez años después, sus primeros condenados por corrupción. La Audiencia Provincial de Lugo ha hecho pública la sentencia que condena a cinco años de prisión a Francisco Fernández Liñares, exconcejal del PSOE en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), por los delitos continuados de cohecho y prevaricación mientras dirigía dicho ente público.
Junto a él, han sido condenados los ocho empresarios que durante el juicio reconocieron haber pagado a Liñares miles de euros a cambio de las adjudicaciones de obras públicas. La sentencia recoge en estos casos íntegramente el acuerdo previo con la Fiscalía para que se declararan culpables, lo que les ha supuesto que sus penas se vieran rebajadas hasta un año y tres meses de prisión, que les evitará ir a la cárcel. Se trata de José Gayoso, Manuel Santiso, José Río Maciñeiras, Ángel Pico Yáñez, Antonio Díaz, José Blanco, Manuel Álvarez y Javier Anchelergues.
Entre todos, según considera probado la Audiencia en un fallo que hace suyos casi todos los argumentos de la Fiscalía, pagaron al entonces presidente de la CHMS entre 120.000 y 135.000 euros a cambio de que amañara una treintena de contratos, cuyo montante suma varios millones.
EL MISMO SISTEMA. El sistema era siempre el mismo: "Aprovechando el procedimiento de adjudicación negociado (...) que permite contratar obras con un valor estimado por debajo del millón de euros e impone la obligación de solicitar ofertas al menos a tres empresas, el acusado convino con los representantes de varias entidades la adjudicación de determinadas obras a empresas previamente seleccionadas según lo convenido entre el presidente de la CHMS y los empresarios concurrentes a la licitación, de manera que ya de antemano se conocía que la adjudicación se haría a favor del precio más ventajoso para la CHMS, turnándose los concurrentes para presentar en otros casos el precio más bajo".
Los ocho empresarios que confesaron los pagos son condenados a un año y tres meses, tal y como habían pactado con la Fiscalía
La Audiencia acepta la confesión de los empresarios y su acusación contra Liñares para llegar a la "conclusión cierta e inequívoca" de que todos ellos son culpables, ya que dichas confesiones, argumenta, están corroboradas por otros medios periféricos de prueba, como las grabaciones telefónicas o los informes de los agentes de Vigilancia Aduanera. Este mismo argumento le sirve al tribunal para dar credibilidad a la confesión que el propio Liñares había hecho ante los agentes mientras estaba detenido, cuya validez trató de cuestionar durante la vista oral alegando que se la inventó porque estaba sometido a una gran presión.
PENAS COMPLETAS. En definitiva, la Audiencia condena a Liñares a cinco años de prisión, 20 años de inhabilitación para cargo o empleo público (era funcionario pero ya está jubilado desde hace tiempo) y una multa de 7.200 euros.
Los otros ocho culpables deberán pagar, además de lo que se les marque en ejecución de sentencia a cambio de evitar la entrada en prisión, una multa de 2.520 euros; aceptaron además tres años de inhabilitación para cargo o empleo público y otros tres años y medio de prohibición de acceder a contratos, subvenciones o ayudas públicas. No obstante, esta prohibición es de carácter personal, no para sus empresas.
ABSUELTO. La sentencia de la Audiencia confirma lo que ya se había dejado entrever durante la vista oral, la absolución de Julio Franco, el único de los nueve empresarios procesados que se negó a aceptar el pacto con la Fiscalía y que defendió su inocencia durante el juicio. Las pruebas contra él eran tan endebles que hasta la Fiscalía lo reconoció.
El tribunal argumenta que contra Julio Franco, que solo había sido adjudicatario de una obra, no había otro indicio que la confesión del propio Liñares en un bar de Santa Comba y de la que se desdijo. Los investigadores no pudieron presentar ninguna otra prueba en su contra.
En estos dos casos, el tribunal acepta los argumentos de la defensa de Liñares, en el sentido de que no se trataba de ningún delito y que, de haber algo, sería materia contencioso-administrativa: "Tales actuaciones, consideradas de manera autónoma, no tienen entidad suficiente para ser consideradas como constitutivas de los delitos".
