No hay lazos más fuertes que los que unen a unos padres con su hijo. Por eso, pocas situaciones puede haber más angustiosas que el momento en que ese hijo, apenas llegado a la adolescencia, se convierte en un desconocido violento capaz de llegar incluso a la agresión y que dinamita cualquier esperanza de convivencia familiar.
Se trata de un fenómeno que probablemente ha existido siempre, pero desde luego no en las dimensiones que ha adquirido en los últimos años, cuando los casos más extremos han comenzado a tener una presencia relevante en las fiscalías y los juzgados de menores. En Lugo, la Fiscalía de menores ha registrado un incremento porcentual muy significativo en las denuncias de padres contra sus propios hijos adolescentes: si en 2011 solo se tramitaron dos expedientes, un año después fueron 9 y en 2013 las denuncias llegaron a 12, el pico máximo registrado. En 2014 se tramitaron 11 procedimientos por violencia de los hijos contra los padres, mientras que en 2015 sumaron otros nueve y el año pasado, siete.
"Antes no veíamos tan a menudo este tipo de violencia, es casi como si no existiera", alerta Jesús Álvarez, teniente fiscal de Lugo y fiscal de menores, que reconoce que "siempre ha habido menores violentos que cometían algún delito, pero no esto de pegar a los padres". Hay que tener en cuenta, además, que se trata únicamente de casos de adolescentes, de chicos y chicas de entre 14 y 18 años, puesto que si son mayores de edad ya no se reflejan en los datos de Fiscalía de menores, y de que "muchas veces los padres vien e n solo a informarse y al final no formulan la denuncia, se lo piensan pero es difícil dar el paso de denunciar a tu propio hijo". Es decir, que la magnitud del problema es mucho mayor de la que reflejan estas cifras oficiales.
Cuando se habla de este tipo de violencia no se trata de chavales criados en familias desestructuradas, con un nivel de violencia alto e interiorizado en la convivencia familiar o con un acercamiento prematuro al mundo de la delincuencia, sino de "chavales que viven con sus padres pero piensan que su casa es un hostal y utilizan a su familia como si fueran empleados del hostal. Se ponen por encima de ellos en todos los sentidos y no respetan ninguna autoridad familiar. Los padres que llegan están desbordados", percibe Jesús Álvarez. Es consciente de que a veces existen además problemas añadidos, como el consumo de porros o alcohol o, en algunos casos, alguna patología mental, pero en su experiencia no son lo más habitual.
La violencia que ejercen contra sus padres y otros adultos de la familia se manifiesta en la mayoría de las ocasiones a través de amenazas y coacciones, que suelen dar paso a un maltrato psicológico y, en los casos más feos, al maltrato físico. El resultado es una familia no solo superada, sino verdaderamente aterrorizada.
El fiscal opina que "el problema principal es que no respetan la autoridad de los padres y los tratan como a trapos. Y recomponer la autoridad cuando se ha quebrado es muy difícil. Tuvimos un caso de un chaval de 14 años que pegaba a su madre, que lo denunció. Se abrió un expediente de reforma y se dictaron unas medidas, de control en medio abierto. El chaval las cumplía estupendamente, el psicólogo informaba de que en el centro se portaba bien, pedía disculpas, respetaba la autoridad... y volvía a su casa y le pegaba a su madre otra vez. Hay muchos que rechazan ser controlados una vez que los padres han perdido ese control. Por eso es imprescindible la ayuda de expertos".
La vía de la reforma suele ser la salida más eficaz, aunque muy dura para los padres porque antes tienen que denunciar a su hijo
La buena noticia es que esos expertos existen, que las soluciones que aportan son muy eficaces y que, además, trabajan para los servicios públicos. La mala, que para que estas terapias funcionen se necesita la aceptación y la implicación tanto de la familia como del chaval, y si este no colabora el esfuerzo está abocado al fracaso.
Por fortuna, tampoco en este extremo los padres están del todo desprotegidos, queda la vía de reforma, que es la manera de dar entrada a Fiscalía y juzgado, que pueden imponer esa terapia como medida obligatoria complementaria, muchas veces asociada a un internamiento, bien sea en medio cerrado o abierto.
"La vía de reforma suele ser una buena salida", recomienda Álvarez, "dolorosa para los padres, que tienen que denunciar, pero mucho más eficaz. Para iniciar la vía de reforma nos tenemos que basar en algo para poder actuar, que haya habido siquiera un empujón, una amenaza... que pueda ser tratada judicialmente y se pueda imponer unas medidas obligatorias".
PROGRAMA. Esos menores y sus familias son derivados entonces a los equipos del Programa de Evaluación y Tratamiento Terapéutico de Menores en Situación de Riesgo y Desamparo, dependiente de la Dirección Xeral de Familia de la Xunta y creado en 2012 bajo la dirección de Valentín Escudero, profesor de Psicología de la Universidade da Coruña.
Este confirma que "es verdad que en los últimos ocho o diez años muchos recursos que antes eran para proteger a los menores de situaciones de negligencia o desatención o de violencia de los padres se empiezan a tener que destinar a muchas solicitudes de ayuda y denuncias judiciales de los padres por el temor y la imposibilidad de convivencia con hijos por su agresividad".
Por eso, el programa que dirige "surge de la necesidad de que los adolescentes, además de cualquier otra medida judicial, precisan medidas terapéuticas, de la idea de cómo se pueden recuperar".
El sistema trabaja con siete equipos de terapeutas, en las siete grandes ciudades. En Lugo, disponen de dos psicólogos, que además se coordinan con el juzgado de menores y los técnicos del centro de intervención en medio abierto, que en Lugo lleva la asociación Dignidade. Y sí, confirma que "hemos conseguido un nivel alto de éxito. El proceso no es corto, pero si se consigue parar la conducta agresiva y motivar a toda la familia para generar cambios, los resultados suelen ser buenos".
