Los casos de okupación de viviendas son excepcionales y están vinculados a situaciones de vulnerabilidad social, defendió este miércoles la alcaldesa, Lara Méndez, que vinculó el problema con la falta de vivienda pública.
La lista de demandantes de vivienda en el registro de la Xunta se incrementa cada año y en Lugo triplican a las de otras capitales de características semejantes, como Ourense, sostuvo Lara Méndez tras la reunión de la junta local de seguridad celebrada este miércoles en el centro social Paco Martín.
La reunión se celebró en la zona norte de la ciudad, donde las denuncias ciudadanas por los problemas vinculados a la okupación se han multiplicado. No obstante, tanto Méndez como la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, quisieron mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos.
Así, insistieron en que Lugo tiene uno de los mejores índices de seguridad de Galicia y en que más del 60 por ciento de los delitos que se cometen son de carácter leve.
A mayores, en un encuentro con vecinos celebrado tras la reunión de la junta de seguridad, Méndez y Rodríguez explicaron que se ha reforzado la vigilancia policial en la zona y detallaron que policías camuflados actúan en las calles, como complemento a las patrullas de uniformados.
Esos dispositivos policiales se han puesto en marcha para combatir la okupación de viviendas y otros tipos de delincuencia, apuntaron la alcaldesa y la subdelegada, quienes llamaron a evitar la alarma social y aseguraron que, de ser preciso, la vigilancia policial en la zona seguirá reforzándose.
Asumieron que un solo caso de okupación genera preocupación y pidieron que los propietarios afectados presenten denuncia, porque es la única vía para actuar.
Méndez y Rodríguez aseguraron que comparten y entienden la preocupación de los vecinos, aunque las cifras no reflejen la existencia de altos índices de delincuencia, y aseguraron que las administraciones emplean todas las armas a su alcance para hacer frente a casos como los de okupacion de viviendas, peleas aisladas o bares cuya actividad obliga a ordenar cierres. Isabel Rodríguez reivindicó el trabajo coordinado de todos los cuerpos policiales con el fin de atajar cualquier problema de convivencia.
Terrenos
La alcaldesa aprovechó, por otra parte, la reunión de la junta local de seguridad para criticar la política de vivienda de la Xunta. Señaló que el gobierno gallego dispone de terrenos tanto en Garabolos como al lado del nuevo auditorio para construir viviendas sociales y dijo que no se avanza pese a que desde hace años existe el compromiso de promover la construcción de pisos protegidos.
Incidió en que los terrenos de que dispone la Xunta se podría construir un elevado número de viviendas y, así, recordó que el acuerdo para la parcela de Magoi contigua al auditorio recogía la construcción de 140 viviendas, el 60 por ciento de ellas de protección oficial. Esos terrenos están disponibles, dijo, desde que en 2004 se firmó el convenio por el que el Concello entregó los terrenos para que construyera el nuevo auditorio y edificara viviendas en la parcela contigua.
Rodríguez reivindicó los apoyos económicos del Gobierno a los colectivos más vulnerables, con el fin de garantizarles el acceso a la vivienda e ingresos básicos. Además, dijo, se transfirieron más de 300 millones en los últimos años a la Xunta para la financiación de políticas de vivienda.
La Policía insta a cerrar casas vacías para cortar el acceso a los intrusos
La Policía Judicial ya contacta con los propietarios de inmuebles susceptibles de ser okupados, instándoles a cerrar los accesos a las viviendas, para evitar allanamiento. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, desveló ese trabajo preventivo de los agentes y dijo que se trabaja de forma coordinada con las autoridades municipales en la adopción de medidas preventivas ante un fenómeno que genera alarma aunque las estadísticas relativicen su gravedad.
Rodríguez aseguró también que la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento están en contacto permanente con los representantes vecinales y los comerciantes de las zonas más afectadas, para poder actuar en las zonas en las que se producen problemas de convivencia.
Apuntó a la importancia de que los propietarios adopten medidas preventivas, pero también incidió en que los datos de que disponen las fuerzas de seguridad no indican que el fenómeno de la okupación amenace la seguridad pública en la ciudad. Las okupaciones supusieron un 0,4 por ciento del total de las infracciones penales contabilizadas a lo largo del año pasado en Lugo, detalló Rodríguez.
Dijo entender la preocupación que generan los okupas, pero manifestó que hay que ser rigurosos y responsables al abordar el problema y remarcó que en Lugo no existen casos de okupación vinculados a organizaciones criminales, sino que se trata de casos de personas vulnerables que entran en viviendas deshabitadas o abandonados. Algunos casos están vinculados a las drogas y hay que denunciar, explicó.
